El Defensor del Pueblo estudia el fin de la custodia municipal de detenidos en Roquetas

Durante años, el procedimiento en Roquetas de Mar era conocido y estable: cuando la Guardia Civil detenía a una persona, especialmente en el marco del Puesto Principal del municipio, el detenido era asistido por su letrado, se formalizaban los trámites habituales y, a continuación, era trasladado a las dependencias municipales de custodia. Allí la Policía Local asumía la vigilancia hasta su puesta a disposición judicial. Este sistema evitaba largos desplazamientos, garantizaba un punto fijo de custodia y permitía a las patrullas mantenerse operativas en la localidad.

Todo cambió el 1 de julio de 2025. Ese día, según expone la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Policía Local dejó de recibir detenidos sin previo aviso y el protocolo de colaboración quedó roto de modo unilateral. Desde entonces, cada persona arrestada en Roquetas debe ser trasladada a otros municipios, con el consiguiente incremento de tiempos, kilómetros y recursos. Según detalla la asociación en su escrito, estos trayectos se realizan con una flota de vehículos limitada y, en muchos casos, envejecida, que obliga a los agentes a multiplicar los desplazamientos hacia lugares como Adra o Garrucha, lo que repercute tanto en la disponibilidad del personal como en la calidad del servicio público.

Estos hechos motivaron que el secretario provincial de AUGC en Almería, Víctor Vega, presentara una queja formal ante el Defensor del Pueblo. Y la institución ha decidido avanzar: la queja se ha admitido a trámite. Así se lo comunica en una carta oficial que Vega ha recibido esta semana. El documento confirma que el escrito “ha quedado registrado con el número arriba indicado” y que la admisión se produce tras verificar que cumple los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución y en la Ley Orgánica de 6 de abril de 1981 que regula el funcionamiento del Defensor del Pueblo.

La admisión tiene efectos inmediatos. La institución ya ha iniciado actuaciones ante la Dirección General de la Guardia Civil para recabar la información necesaria que permita analizar con precisión qué ha ocurrido desde el 1 de julio y cuáles están siendo sus consecuencias. En la notificación enviada a AUGC se especifica que, “una vez recibida la información que dicho organismo ha de remitir, se le dará traslado de la misma”, lo que abre un proceso de supervisión institucional sobre el funcionamiento del servicio de custodia en Roquetas.

En su denuncia, AUGC detalla que esta ruptura ha generado un incremento significativo en el tiempo de privación de libertad de los detenidos, que ahora deben recorrer más kilómetros antes de ser ingresados en un calabozo. La asociación sostiene que esta situación puede tener efectos sobre los derechos fundamentales de las personas arrestadas y añade que el aumento de los desplazamientos obliga a emplear un número de agentes y un tiempo que repercute directamente en la seguridad ciudadana del municipio. La presión se ha visto agravada —según apunta el documento remitido al Defensor del Pueblo— durante un verano especialmente exigente por el aumento de la inmigración irregular y la falta de medios adecuados.

El escrito también pedía que la institución solicitara a la Comandancia datos concretos para cuantificar el perjuicio, como el número total de traslados efectuados desde la ruptura del protocolo, los destinos utilizados, el tiempo medio invertido en cada caso y el estado del parque móvil destinado a la conducción de detenidos. AUGC argumenta que esta información es necesaria para medir el impacto real del cambio operativo.

Junto a ello, la asociación trasladaba un problema de fondo que, asegura, afecta a la plantilla de la Guardia Civil en toda la provincia: la ausencia de turnos estables y previsibles que permitan conciliar la vida familiar y evitar riesgos para la salud derivados de jornadas y descansos irregulares. Por ese motivo, el escrito solicita que el Defensor del Pueblo formule una recomendación formal dirigida al Gobierno y a la Dirección General de la Guardia Civil para que se regule un sistema de turnos que se ajuste a lo que establece la legislación sobre derechos laborales y conciliación.

La apertura del expediente por parte del Defensor del Pueblo marca ahora el inicio de una fase en la que será la Dirección General de la Guardia Civil la que deberá aportar la información requerida. Una vez recibida, la institución trasladará sus conclusiones a AUGC y determinará si procede emitir recomendaciones o requerimientos adicionales.