Denuncian al alcalde de Tíjola por un presunto entramado de corrupción urbanística y societaria

Una denuncia registrada el 13 de noviembre de 2025 en la Fiscalía Provincial de Almería pone en el punto de mira al alcalde de Tíjola y diputado provincial del PP, José Juan Martínez Pérez, ya investigado en la pieza derivada del caso Mascarillas, y a empresas vinculadas a su entorno familiar y societario. El escrito solicita la apertura de diligencias por un amplio conjunto de hechos que, según se expone, podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa y urbanística, malversación, cohecho, tráfico de influencias, fraude a la administración, administración desleal, falsedad documental u organización criminal. Según ha podido conocer este periódico, este mismo denunciante presentó una denuncia anterior en la que ya hacía referencia al complejo deportivo, que fue archivada previamente.

La denuncia describe la existencia de una “agrupación de personas, que con carácter estable y por tiempo indefinido, vienen realizando tareas de manera concertada y coordinada” que estarían causando un grave perjuicio al interés general de los vecinos. El regidor es situado, literalmente, “en el vértice de la pirámide” de ese entramado. El núcleo de los hechos gira en torno al complejo deportivo Al-Moroc, inaugurado en 2024 y valorado en más de 4 millones de euros. Según la denuncia, el Ayuntamiento adquirió los terrenos para esta infraestructura mediante resoluciones de Alcaldía de 2020 pese a que la parcela se encuentra en suelo no urbanizable de especial protección, a menos de 100 metros de los ríos Almanzora y Bacares.

El escrito sostiene que el Ayuntamiento pagó 300.000 euros por la finca —unos 6 euros/m²— cuando el valor de suelo con esa clasificación rondaría, según el indicador oficial citado, los 0,40 €/m². Ello supondría “un sobrecoste del 1.400% respecto al precio de mercado”, siempre según el documento. Los beneficiarios de esa venta son tres titulares: Inversiones y Promociones Tágilis, S.L., sociedad de la que Martínez Pérez fue administrador y que actualmente figura administrada por su esposa Eloísa F. R.; los padres del alcalde; y la empresa Trans Frío Higueral S.L..

Presuntas irregularidades en obra pública y un “círculo de influencia”

El escrito detalla un entramado societario vinculado al alcalde: Tágilis S.L., Constíjola S.L., Hijos de David Martínez S.A. (HIDAMA), Hijos de David Martínez S.L., Luck of Ten S.L. y Pago del Hilo S.L., entre otras. En ellas aparecen, directa o indirectamente, el regidor o su mujer, quien “pasa de dirigir un modesto salón de belleza […] a un conglomerado de empresas que casualmente contratan importantes volúmenes de obra pública” tanto en Tíjola como en la Diputación, donde Martínez Pérez ocupa delegación en el Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Fondos Europeos.

La denuncia alude a adjudicaciones municipales y provinciales que habrían beneficiado a sociedades del entorno: desde obras en viviendas rurales o la remodelación del mercado de abastos, hasta contratos de carpintería metálica —subcontratados a HIDAMA— o licitaciones provinciales como el acondicionamiento del polideportivo de Carboneras o la cubierta en el colegio Virgen del Saliente de Albox.

También se menciona la adjudicación reiterada de contratos menores a Tágilis, S.L., como una obra en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Zurgena por 45.945,51 euros.

“Resoluciones arbitrarias”, sobrecostes y alertas de destrucción de pruebas

La denuncia sostiene que las prácticas descritas—resoluciones urbanísticas presuntamente injustas, sobrecostes, contratos simulados o adjudicaciones dirigidas—podrían implicar una pérdida de patrimonio municipal mediante el desvío de fondos públicos hacia sociedades afines, beneficiando directa o indirectamente al alcalde y su entorno.

Además, alerta de que una de las sociedades vinculadas, Inversiones y Promociones Tágilis S.L., estaría en proceso de liquidación, lo que motivaría la urgencia de que se practiquen diligencias para evitar la pérdida de posibles pruebas.

El escrito solicita a la Fiscalía que requiera los expedientes íntegros de contratación del Ayuntamiento de Tíjola desde 2018 a 2025, así como los contratos provinciales donde aparezcan las sociedades citadas; que se practiquen periciales urbanísticas sobre la legalidad del complejo deportivo; y periciales económico-contables sobre el presunto sobreprecio de la parcela.

En su conclusión, la denuncia reclama la apertura de diligencias para depurar responsabilidades contra quienes resulten implicados, señalando expresamente al alcalde José Juan Martínez Pérez como “principal eje de conexión con los hechos expuestos”.

Según ha podido conocer este periódico, este mismo denunciante presentó una denuncia anterior en la que ya hacía referencia al complejo deportivo, que fue archivada previamente.