Detenido un comercial en Málaga acusado de estafar a personas vulnerables en Almería

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un comercial de 41 años acusado de estafar a personas muy mayores o con deterioro cognitivo en la provincia de Almería, así como en los territorios de Granada y Málaga. El investigado presuntamente engañaba a sus víctimas para que compraran diversos productos, obligándolas a abonarlos en efectivo o a firmar contratos de crédito.

Según ha informado la Policía este lunes, la investigación continúa abierta, ya que los agentes no descartan la aparición de nuevas víctimas en la provincia almeriense o en el resto de los territorios donde operaba. De las pesquisas policiales se desprende la gravedad de los hechos, llegando el arrestado a tramitar la apertura de un crédito a nombre de una persona ya fallecida.

El hombre trabaja para una empresa con más de 25 años en el sector comercial, dedicada a ofrecer productos para el bienestar integral, tales como colchones, máquinas de ozono, masajeadores de pies, robots aspiradores y sillones.

Aprovechamiento de la soledad

La Policía mantiene que el investigado dirigía de forma deliberada su actividad a personas de avanzada edad o afectadas por alguna enfermedad neurodegenerativa que hubieran realizado alguna compra previa. Además, se centraba en víctimas que vivían solas y sin apoyo familiar cercano. Se acercaba a ellas mostrándose como un joven amable y atento, ofreciendo compañía y ayuda en tareas cotidianas para explorar tanto su deterioro cognitivo como su grado de aislamiento.

De la investigación se desprende que utilizaba varias formas de actuar. En la mayoría de los casos, se presentaba en los domicilios argumentando ser un antiguo proveedor con el que existía una deuda pendiente desde hacía años. De esta forma generaba confusión en las víctimas, se ganaba su confianza y las acompañaba a una entidad bancaria para retirar dinero en efectivo.

En otras ocasiones, acudía con un pequeño obsequio como gancho inicial y, una vez ganada su confianza, inducía a la víctima a firmar contratos de crédito, llegando a falsificar su firma aprovechándose de su incapacidad para comprender los documentos. Estos contratos, gestionados en su mayoría a través de una conocida financiera, alcanzaban importes de hasta 2.500 euros.