Los hermanos del presidente de la Diputación de Almería, entre los investigados en el caso Mascarillas

La segunda fase del caso ‘Mascarillas’ ha elevado ya a una decena las personas detenidas o investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación que este martes se saldó con la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García (PP).

Fuentes de la investigación confirman a este periódico que entre los nuevos investigados figuran una hermana y un hermano del presidente provincial.

En total, al menos cinco personas permanecen investigadas, entre ellas el exvicepresidente tercero Óscar Liria, uno de los principales detenidos en la primera fase del caso y que vuelve ahora al centro del procedimiento.

A ellos se suman cinco detenidos: Javier A. García, presidente de la Diputación; Fernando Giménez, vicepresidente segundo; Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines (PP); el hijo del alcalde, y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial.

Las fuentes consultadas consideran posible que el número de investigados aumente, pero no creen que vaya a incrementarse la cifra de detenciones.

La mañana de este miércoles, la UCO ha practicado un nuevo registro en el Ayuntamiento de Fines, tras la entrada y registro del martes en el despacho del regidor.

Ese mismo día se llevaron a cabo diez registros simultáneos en viviendas, oficinas públicas y sedes de sociedades presuntamente vinculadas a la trama.

El operativo, dirigido por responsables del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, se prolongó durante más de diez horas bajo la supervisión del teniente coronel Antonio Balas.

Liria, otra vez bajo investigación

Según confirman fuentes de la UCO, durante uno de los registros apareció documentación que relaciona a Liria con una de las empresas investigadas, motivo por el que el juez ha ordenado investigarlo nuevamente.

El auto que autorizó los registros y las detenciones es contundente: “Existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”.

El instructor apunta a indicios de que los investigados habrían colaborado o facilitado adjudicaciones fraudulentas a favor de determinadas empresas a cambio de comisiones.

Una parte de estos contratos se habría tramitado en la propia Diputación, y “algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines”, según el auto.

Aunque algunos de los detenidos no intervinieron directamente en las adjudicaciones, el juez sostiene que sí lo habrían hecho en la canalización de fondos ilegales hacia el circuito económico legal, una conducta que encajaría en blanqueo de capitales.

Acceso a comunicaciones privadas y aseguramiento patrimonial

El Juzgado ha autorizado a la UCO a volcar, visionar y copiar comunicaciones privadas, tanto documentos electrónicos como mensajes de los dispositivos intervenidos.

También ha reclamado documentación a la Diputación, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles implicadas, con el fin de reconstruir el circuito de adjudicaciones y pagos.

Además, ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial sobre los investigados, incluyendo cuentas bancarias, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles.

Los detenidos serán puestos a disposición judicial este jueves.