El drama de las casas irregulares

186 viviendas a punto de ser desahuciadas por desavenencias entre promotores

Carmen Lozano / Almería

vera, 12 de agosto 2011 - 05:01

Viviendas sin escritura, una promotora inmobiliaria que jamás pagó los terrenos a la empresa propietaria y 186 familias cuyas casas, adquiridas de buena fe, penden de una sentencia judicial. Es la bomba a la que se enfrentan quienes compraron un inmueble en la Urbanización Natura World de Vera Playa.

Desde el año 2000 , la constructora PROLEAL (Proyectos del Levante Almeriense) se dedicó a vender casas de entre 60 y 90 metros cuadrados, la mayoría, a familias que buscaban una segunda vivienda para las vacaciones. Resulta que los promotores, unos hermanos apellidados Fernández Montes, construyeron en unos terrenos propiedad de la empresa PRADUL S.L. a los que nunca les pagaron. Ahora, cuando la gran mayoría de los inmuebles están vendidos, los propietarios iniciales del terreno reclaman 186 viviendas a la constructora.

Quienes compraron las viviendas a lo largo de estos años no han obtenido jamás las escrituras de sus casas. Cuando les fueron entregadas, el abastecimiento de agua estaba apenas conectado a un pozo y las aguas fecales no conducían a un sistema de alcantarillado. Incluso, solo la primera fase de las tres que componen la urbanización -495 casas en total- tenía licencia de ocupación.

Los compradores de los inmuebles acudieron al Juzgado de Vera, mismo que les dio la razón alegando que las viviendas han sido adquiridas de buena fe y que el conflicto es entre las dos empresas -propietaria del suelo y constructora- respectivamente.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Almería, en una sentencia posterior, da la razón a la empresa PRADUL S.L. La constructora de los hermanos Fernández Montes debería pagar con las viviendas.

Amaia Lumbreras y Adolfo Eceiza son propietarios de una de las viviendas desde 2004. Son los principales promotores de movilizar a sus vecinos contra las empresas que, de forma irregular les han "estafado" con la compra y venta de los inmuebles. El recurso que les queda es un amparo ante el Tribunal Constitucional.

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