El Estado pasa de “hay que limpiar” a “mejor no tocar” Palomares en Almería

José Ignacio Domínguez, de Ecologistas en Acción, alerta de un cambio de criterio del Estado en la gestión del accidente nuclear de Palomares. Según sostiene, la estrategia jurídica del Gobierno ha evolucionado desde la urgencia por descontaminar a una posición que llega a plantear que puede ser preferible no remover el material radiactivo, sesenta años después del suceso.

Las declaraciones se producen en el contexto del 60 aniversario del accidente nuclear de Palomares, abordado esta semana en una jornada celebrada en Almería, en la que Domínguez expuso la evolución jurídica del caso y la parálisis administrativa que mantiene sin ejecutar el plan de rehabilitación aprobado en 2010.

Un giro “peligroso” en la estrategia del Estado

Domínguez sostiene que el abogado del Estado, en representación del Ministerio para la Transición Ecológica, ha pasado de argumentar obstáculos técnicos y diplomáticos a defender que remover los terrenos podría liberar más radiación, insinuando que la mejor opción sería dejar la contaminación tal y como está. “Es un cambio de discurso muy preocupante”, advierte.

Ese giro contrasta, según Ecologistas, con el criterio mantenido durante años por la propia Administración, que justificaba la urgencia de la limpieza por la transformación del plutonio en americio, un elemento más peligroso. “Ahora se dice que no corre prisa. Hemos ido a peor”, resume.

La vía judicial, en un momento clave

La demanda presentada por Ecologistas se encuentra en la Audiencia Nacional, en fase de prueba. El objetivo es que el Ministerio fije una fecha y un plazo concreto para la descontaminación, conforme al plan técnico que estimaba tres años para ejecutar los trabajos.

A juicio de Domínguez, la discusión de fondo no es si hoy existe un riesgo inmediato, sino la legalidad de la situación actual. “Tener material radiactivo enterrado y al aire libre es contrario a la ley de energía nuclear y a la normativa europea”, afirma. En Palomares, recuerda, existen fosas con miles de metros cúbicos de residuos, lo que equivaldría a un almacenamiento definitivo ilegal.

Radiación “legal” y límites cuestionados

Ecologistas también pone el foco en el marco regulatorio. Domínguez explica que el Consejo de Seguridad Nuclear considera Palomares una “exposición existente”, lo que eleva los límites permitidos. “El máximo legal equivale a 200 radiografías de tórax al año. Que no se superen los límites no significa que sean razonables”, subraya.

De las promesas internacionales al bloqueo

La organización ecologista contrapone la parálisis actual con el anuncio realizado tras la reunión entre Pedro Sánchez y Joe Biden, cuando ambos ejecutivos aseguraron que activarían los trabajos para la limpieza definitiva. Dos años después, sostiene Domínguez, no hay avances.

Para Ecologistas, insistir en que los residuos se trasladen a Estados Unidos conduce al bloqueo. “Si se condiciona todo a que se los lleven los americanos, no se limpiará nunca”, afirma.

Alternativas técnicas sobre la mesa

Domínguez defiende que existen soluciones viables sin depender de Washington, como la creación de un almacén temporal individualizado en Palomares o su traslado a instalaciones nacionales mediante una modificación normativa. “No es una obra compleja ni un coste desorbitado. Es una nave y vigilancia. Lo ilegal es mantenerlo como está”, concluye.

La jornada celebrada en Almería reunió a colectivos sociales y expertos que, seis décadas después del accidente, coinciden en un diagnóstico: el tiempo pasa, el discurso cambia, pero la limpieza sigue sin fecha.