Falsas denuncias y un laberinto judicial dejan a un padre de Almería diez meses sin ver a sus hijas

La batalla legal de Sebastián por recuperar a sus dos hijas, de 8 y 10 años, se ha convertido en una carrera de obstáculos contra una burocracia judicial que, paradójicamente, le da la razón sobre el papel pero le impide ejercerla en la práctica. A pesar de contar con una sentencia civil firme que le otorga la custodia compartida y de haber sido absuelto en la vía penal de las acusaciones de su expareja, este padre almeriense lleva desde el 3 de febrero de 2025 sin ningún contacto con las menores.

La pesadilla kafkiana de Sebastián se reactivó el pasado 14 de noviembre. Cuando el Juzgado de Primera Instancia número 6 (Familia) debía pronunciarse sobre la ejecución forzosa de la sentencia y el posible cambio de custodia por desobediencia de la madre, la magistrada dictó un auto acordando su inhibición en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1. El motivo es puramente procesal: como la madre recurrió la sentencia que absolvía al padre, el procedimiento penal sigue técnicamente "vivo", lo que obliga al juez civil a apartarse. El resultado es que, diez meses después, el caso vuelve a la casilla de salida mientras las medidas cautelares, teóricamente alzadas, siguen aplicándose por la vía de los hechos.

Un historial de absoluciones frente a las denuncias

El caso actual no es el primero que enfrenta a los progenitores en los tribunales. La defensa de Sebastián ha acreditado un patrón de denuncias previas que han terminado sistemáticamente en archivo o absolución. En septiembre de 2022, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer archivó una denuncia por malos tratos al comprobar, gracias a las cámaras de seguridad de la zona, que la versión de la madre sobre una supuesta agresión en la calle no se sostenía. Dos meses después, en noviembre de 2022, Sebastián fue absuelto de un delito de quebrantamiento de condena, al no existir ninguna prueba de cargo más allá de la palabra de la denunciante. Más recientemente, en julio de 2024, fue absuelto de un delito de lesiones agravadas del que le acusaba la actual pareja de la madre, tras demostrarse que Sebastián se encontraba en un cementerio con su familia en el momento de los hechos.

Una nueva denuncia con "móvil espurio"

El último capítulo de este calvario comenzó a finales de 2024. Sebastián había logrado lo que llevaba años peleando: una sentencia de modificación de medidas que le otorgaba la custodia compartida de las niñas. El fallo judicial, dictado en diciembre, retiraba la exclusiva a la madre tras valorar informes psicosociales y alertar de un entorno materno conflictivo.

Apenas fue notificada esta sentencia, la madre, Rosa María L.H., interpuso una denuncia el 3 de febrero asegurando que Sebastián había amenazado a través de su hija con matar a la familia. Esto activó el protocolo de violencia de género: orden de alejamiento y suspensión inmediata de las visitas.

Sin embargo, el juicio rápido celebrado en abril volvió a dar la razón al padre. Una sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 no solo absolvió a Sebastián, sino que fue especialmente dura con la denunciante. El juez declaró probado que "la interposición de la denuncia obedece claramente a un móvil espurio", señalando que el objetivo era "dejar sin efecto momentáneamente la sentencia" que le había dado la custodia al padre. El fallo ordenó el "cese de todas las medidas cautelares", devolviendo a Sebastián sus derechos como padre.

Desobediencia y bloqueo en el Punto de Encuentro

Pese a la absolución, la realidad es que Sebastián sigue sin ver a sus hijas. La madre se ha negado sistemáticamente a cumplir los requerimientos del Punto de Encuentro Familiar (PEF) para entregar a las niñas. Según consta en los informes del PEF de mayo de 2025, la progenitora comunicó que "no tiene que acudir al PEF porque la sentencia está recurrida", una interpretación unilateral que ha mantenido el bloqueo.

Tanto la Fiscalía como el propio juzgado emitieron resoluciones en mayo ordenando que "deben cumplir las partes el régimen de visitas establecido en todos sus términos", pero la orden ha caído en saco roto.

El trasfondo económico y de seguridad

Desde el despacho de los abogados Esteban Hernández Thiel y Beatriz Gámez, que ejercen la defensa del padre, denuncian la indefensión absoluta de su cliente. Según explica la letrada Gámez, Sebastián vive con "pánico" a acercarse al colegio de sus hijas o intentar verlas por su cuenta, temiendo que una nueva denuncia falsa lo lleve al calabozo, algo que ya ha ocurrido en el pasado.

La defensa apunta a un poderoso motivo económico detrás de la resistencia de la madre a ceder la custodia: según reconoció la propia denunciante en sede judicial, percibe prestaciones y ayudas que suman alrededor de 1.800 euros mensuales vinculadas a sus cinco hijos (las dos de Sebastián y tres de su actual pareja). Sebastián, por su parte, es un trabajador del campo con unos ingresos que rondan los 800 euros.

Pero lo que más preocupa al entorno paterno es la seguridad de las niñas. La documentación judicial acredita que la actual pareja de la madre, Manuel H.M., tiene antecedentes penales y una orden de alejamiento vigente respecto a la hija mayor de Sebastián, por un episodio de agresión. Actualmente, este individuo se encuentra en prisión por otros delitos violentos, según confirman fuentes jurídicas y se refleja en la sentencia de familia.

La familia paterna, muy conocida y querida en su localidad —la madre de Sebastián, fallecida prematuramente, cuenta con una calle a su nombre en Alhama de Almería—, se encuentra "destrozada" ante la imposibilidad de contactar con las menores, cuyo rendimiento escolar y estado emocional ha empeorado drásticamente en los últimos meses. Con la inhibición del juzgado civil, el reencuentro queda ahora a expensas de una burocracia que avanza mucho más lenta que la infancia de las dos niñas.