La familia sin agua en Santa Fe de Mondújar amplía su denuncia contra la concesionaria

La mujer que denunció a Aqualia ante la Guardia Civil por no restablecer el suministro de agua en su vivienda del barrio de Torrealta, en Santa Fe de Mondújar, ha ampliado su denuncia tras un nuevo incidente ocurrido el pasado 16 de mayo en la oficina que la empresa tiene en Huércal de Almería.

Según consta en el atestado recogido por el puesto de Gádor, la denunciante se presentó ese día en las oficinas acompañada por un profesional de Cruz Roja, ya que se encuentra en situación de riesgo de exclusión social. La compareciente declara que fue citada para intentar contratar los servicios de abastecimiento en la vivienda en la que reside junto a su hijo Alejandro, un menor de 16 años con síndrome de Down y una discapacidad del 70%.

En su declaración asegura que al llegar, el personal de Aqualia le comunicó que la cita no era válida y que “ni se le iba a dar información ni se le iba a facilitar el suministro”. Siempre según su versión, aludiendo a “órdenes de arriba”, una trabajadora de la empresa le dijo literalmente: “el agua no se te va a dar”. Añade que esta empleada la apartó con el brazo cuando intentó insistir, que se negó a seguir hablando con ella ni con el técnico de Cruz Roja y que fue necesaria la intervención de la Policía Local, que identificó a la trabajadora.

La familia, que reside desde hace ocho meses en una vivienda sin agua corriente, denuncia que lleva solicitando el servicio desde hace tres meses y que ha recibido “una excusa diferente” en cada intento. La denunciante afirma que la última opción ofrecida fue un contrato “en precario”, por bloques y con una tarifa superior a la habitual.

También sostiene que las condiciones de falta de higiene han provocado un empeoramiento de salud en el menor, que ha desarrollado una enfermedad de la piel, mientras que ella ha sido diagnosticada con un trastorno de estrés que ha derivado en anorexia, con varios ingresos hospitalarios.

En su denuncia ante la Guardia Civil, reitera que no es una ocupa de la vivienda, sino heredera directa del anterior propietario, su padre. Ha aportado grabaciones del incidente ocurrido en la oficina de Aqualia y asegura que las entregará ante el juzgado si se le requieren.

Por su parte, la concesionaria ya explicó a este periódico que no puede facilitar el suministro mientras no cuente con la autorización del titular registral del inmueble, al que identifican como familiar directo de los afectados. Niega haber amenazado a la familia y afirma que se ha ofrecido la posibilidad de fraccionar la deuda existente —de unos 2.000 euros, según la empresa— derivada de un enganche ilegal anterior. También invitó a los afectados a acudir a los servicios sociales municipales para recibir asesoramiento.