El Ayuntamiento de Almería está tratando de buscar soluciones habitacionales al grupo de familias de la calle Ferrobús que debe abandonar las viviendas que tienen alquiladas por las obras de la segunda fase del soterramiento de las vías del tren pese a su situación de vulnerabilidad, si bien desde el Consistorio se deja bien claro que las competencias recaen sobre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias al tratarse de una expropiación forzosa ordenada por Adif.La complicada situación de estas diez familias, la mayoría con hijos menores a su cargo, aún no ha tenido un desenlace efectivo. Siguen ocupando las casas alquiladas que debían abandonar, de forma voluntaria, el pasado 15 de enero y aún no les ha llegado ayuda social de las administraciones que les permita mudarse en condiciones dignas.

Han tocado distintas puertas, incluida la del Defensor del Pueblo Andaluz, y buscado el amparo del Ayuntamiento, donde en el último Pleno de este mes de febrero la Corporación abordó las dificultades para encontrar un alquiler de estas diez familias, de origen rumano, marroquí y español, con contratos legales de unos 250 euros al mes, cantidad de arrendamiento que, hoy por hoy, es difícil de conseguir.

El portavoz de Podemos, Alejandro Lorenzo, quien ha mantenido un encuentro con las familias, aprovechó el turno de ruegos y preguntas para lanzar la petición al equipo de gobierno de facilitarles alternativas habitacionales, siendo el concejal de Integración Social, Participación y Distritos, Oscar Bleda, el encargado de dar respuesta.

“No es una competencia del Ayuntamiento, pero los servicios sociales del Centro Comunitario de Nueva Andalucía han mantenido contactos”, explicaba el edil, quien esta semana ha abundado que las familias “han sido derivadas a entidades que trabajan en esa dirección para que fueran atendidos como Cruz Roja e Inserta”.

Algunos de los afectados por la orden de expropiación también han sido recibidos en Urbanismo, interesándose este departamento por la disponibilidad habitacional de Almería XXI, insistiendo el Ayuntamiento, de igual modo, en las competencias de Adif, que aún no ha remitido la notificación de orden desalojo de las casas siendo el escrito antes recibido el de abandono voluntario