La Fiscalía acusa al edil de Alsodux y al vecino que le golpeó con una piedra: dos relatos enfrentados

El episodio de violencia ocurrido el pasado lunes en Alsodux —en el que el concejal socialista José Manuel Gil fue agredido con una piedra en plena calle— ha desembocado en un proceso penal en el que ambos implicados están acusados. La Fiscalía y la acusación particular discrepan sobre lo ocurrido, pero coinciden en que no fue un simple incidente, sino una escalada entre dos vecinos con enfrentamientos previos.

El Ministerio Público ha solicitado dos años y seis meses de prisión para M.G.A., el hombre que lanzó la piedra al edil, al que imputa un delito de lesiones con medio peligroso. Pero también acusa al propio concejal de dos delitos leves de lesiones, por agredir supuestamente a la esposa del otro acusado y participar en la pelea posterior. Para Gil, la Fiscalía reclama dos multas de tres meses, además de una orden de alejamiento de seis meses respecto a ambos.

Según la versión fiscal, el edil acudió el 7 de julio al domicilio de la mujer del otro implicado, con la que tuvo un altercado físico. Más tarde, al cruzarse con M.G.A. mientras conducía, fue golpeado con una piedra a través de la ventanilla del vehículo. Ambos acabaron enzarzados en una pelea que tuvo que ser disuelta por vecinos. Gil sufrió una fractura nasal y diversas contusiones, y su agresor, lesiones menores. La Fiscalía reclama 1.410 euros de indemnización para el edil, y otras cantidades menores a favor del otro acusado y su esposa.

El abogado del agresor acusa al edil de un delito de odio

La tensión aumenta con el escrito de la acusación particular, presentado por el letrado Miguel Martínez, que representa a M.G.A. y su pareja. En él, se acusa al concejal de un delito de odio, además de los dos delitos leves de lesiones. Solicita tres años de prisión, una multa por las lesiones y 4.400 euros en concepto de indemnización por daño físico y moral.

Según este relato, fue el edil quien se presentó en la vivienda del matrimonio, profirió insultos ideológicos como “fachas, no os queremos aquí” y empujó a la mujer contra un muro. A continuación, habría agredido a su marido tras una discusión. La acusación considera que existe un móvil ideológico y que se trata de un caso de violencia política.

Ambos escritos reflejan versiones diametralmente opuestas, aunque coinciden en que hubo un altercado físico doble, con lesiones por ambas partes y antecedentes de tensión entre los implicados. La Fiscalía rechaza la calificación de delito de odio y considera que el origen del conflicto es vecinal y no ideológico, aunque reconoce que hubo agresión previa y posterior.

El abogado del edil aún no ha presentado su propio escrito de acusación, aunque se espera que lo haga este mismo viernes, antes de que el caso sea remitido al Juzgado de lo Penal, al no haber conformidad entre las partes.

Un proceso con implicaciones políticas

El caso ha causado un fuerte impacto en la comarca, donde la figura del concejal herido había sido hasta ahora considerada víctima de un ataque inesperado. Sin embargo, la doble imputación ha introducido matices en el relato inicial. Tanto la Guardia Civil como el juzgado han tramitado la causa como un procedimiento urgente, y ya se ha dictado una orden de alejamiento recíproca de 500 metros entre ambos implicados.

Los hechos, denunciados inicialmente como una agresión política contra un cargo público, adquieren ahora una dimensión más compleja, con acusaciones cruzadas y elementos personales, ideológicos y judiciales entremezclados.