La Fiscalía rebaja a 9 años la pena para la principal acusada de prostituir menores y mantiene las altas peticiones para los clientes

El juicio por la desarticulación de una red de prostitución infantil en la provincia de Almería ha vivido este jueves un vuelco definitivo en su tercera sesión. El trámite de conclusiones definitivas del Ministerio Público ha modificado de forma sustancial el horizonte penal de la principal encausada, al tiempo que ha servido de escenario para que los nueve hombres procesados —entre ellos dos policías locales— ofrezcan sus versiones exculpatorias, marcadas por un denominador común: el rechazo tajante a conocer que las víctimas eran menores de 16 años o la negación absoluta de los encuentros sexuales.

El cambio más trascendental en el escrito de calificación de la Fiscalía afecta a S.M.H., la joven acusada de captar a su propia hermana y a otras tres menores para prostituirlas a cambio de una comisión económica. La fiscal ha decidido aplicar la circunstancia atenuante muy cualificada de confesión. Este reconocimiento legal a su colaboración —y a su testimonio autoinculpatorio en la sala— se traduce en una drástica reducción de la petición de cárcel, que cae de los 45 años iniciales a una solicitud de 9 años de prisión. El Ministerio Público desglosa esta pena en cuatro condenas de 2 años por cada una de las menores prostituidas, sumando un año adicional por la implicación del novio de una de las niñas. Su defensa ha estado ejercida a lo largo de la vista oral por la letrada Mónica Moya.

El otro gran beneficiado por la rebaja fiscal es M.L.N., el agente de la Policía Local de Adra. Para él, la Fiscalía ha rebajado su petición de 10 a 4 años de prisión por un delito de prostitución a menor de edad. A pesar de esta disminución, el Ministerio Público mantiene que el funcionario se aprovechó de su cargo para consumar los abusos.

Durante su declaración en la sala, este agente negó cualquier vinculación criminal. Interrogado sobre el teléfono móvil incriminatorio que la Guardia Civil halló escondido debajo de la rueda de repuesto de su vehículo particular, M.L.N. aseguró que la línea estaba a nombre de un compañero y que el terminal se iba "rotando" entre los cuatro agentes de su turno para no utilizar sus teléfonos personales en los servicios. Asimismo, sobre el uso de la biblioteca municipal para uno de los encuentros, se defendió afirmando que el cajetín con las llaves de los edificios públicos está a disposición de todos los agentes y que él no abandonó la jefatura en el momento en que se sitúan los hechos.

"Yo no soy el Señor X"

Quien no ha visto aliviada su situación penal es el otro policía local encausado, J.C.P.S., perteneciente a la plantilla de Almería capital. La Fiscalía es inflexible y mantiene intacta su petición de 24 años de prisión por cuatro delitos continuados, solicitando 6 años de privación de libertad por cada uno de ellos.

En su turno de palabra, el agente fue rotundo: "Yo no soy el Señor X". Negó categóricamente haber mantenido contactos sexuales con las víctimas y aseguró no poseer cuenta alguna en la plataforma Skype, por donde presuntamente se comunicaba con la red.

El principal indicio contra él se basa en las gestiones que realizó para interesarse por una propuesta de sanción impuesta a una de las menores por saltarse el confinamiento. El procesado argumentó que, como intendente jefe durante la pandemia, su "principal función era asumir la gestión" y atender "numerosísimas" encomiendas y dudas ciudadanas en un momento de gran confusión normativa. Reconoció haber llamado a un teniente de la Guardia Civil para interesarse por la sanción de Huércal de Almería, pero lo enmarcó estrictamente en su "obligación" profesional.

Sobre el hecho de haber sido reconocido fotográficamente por una de las víctimas, J.C.P.S. lo achacó a que es una "persona pública" y a que su fotografía ha sido ampliamente difundida en medios de comunicación e internet a lo largo de sus 23 años de servicio. El agente aseguró sentirse "utilizado" y estar padeciendo una severa condena social y familiar.

"Pensaba que eran mayores de edad"

El bloque de clientes que se sentaba en el banquillo optó por una línea de defensa prácticamente idéntica: negar los hechos de mayor gravedad y, en caso de admitir los encuentros, escudarse en el desconocimiento de la edad de las víctimas. La Fiscalía, no obstante, mantiene unas peticiones de cárcel demoledoras para todos ellos.

Para C.T.R., la acusación pública mantiene la pena más alta del procedimiento: 48 años de prisión por ocho delitos continuados. El procesado admitió haber contactado con la presunta cabecilla a través de un portal de anuncios para adultos en octubre de 2019. Confirmó que varias mujeres acudieron a su domicilio para sesiones de fetichismo, usando cartas y dados , pero rechazó la existencia de sexo oral o masturbaciones. Su defensa ante las edades de las niñas radicó en la apariencia física: indicó que iban maquilladas, que el anuncio marcaba 19 años y que en la casa había poca luz porque ponía velas. Afirmó haberse asustado profundamente cuando, meses después, la cabecilla le comunicó por WhatsApp que una de las jóvenes tenía 16 años.

En la misma línea declaró L.G.R., para quien la Fiscalía exige 36 años de encierro. Confirmó que dos chicas fueron a su vivienda a finales de 2019, que estuvieron charlando sobre pies y que les llegó a regalar unos altavoces, pero aseguró que por sus conversaciones las veía "formadas" y no detectó su minoría de edad.

Por su parte, J.C.V.J., que se enfrenta a otra petición de 36 años de cárcel, negó haber sido partícipe de vejaciones. Aseguró que buscaba una situación de dominación puramente psicológica y que su papel se limitó a hacer de chófer para la líder de la trama hasta en seis ocasiones. Rechazó de plano la acusación de haber sido penetrado analmente con juguetes sexuales, aseverando no poseer este tipo de objetos.

La furgoneta oscura y la excusa del maquillaje

Otro de los clientes habituales de la red, J.M.V.E., para quien se solicitan 20 años de cárcel, admitió haber contratado los servicios debido a sus dificultades para relacionarse con las mujeres. Afirmó que los encuentros se producían de noche, en una furgoneta oscura y con cristales tintados, lo que le impedía advertir la juventud de sus acompañantes. Admitió tocamientos, pero aseguró que en cuanto una de las menores le confesó que aún estaba ahorrando para sacarse el carné al cumplir los 18, le pidió que lo bloqueara inmediatamente.

La negación absoluta de los actos sexuales de naturaleza genital fue también el asidero de A.R.T.H., para quien el fiscal reclama 12 años. Sostuvo ante la Sala que acudió a la red buscando "un tributo" de humillación y sometimiento, sin "ningún sesgo sexual". En una de las citas acudió una de las víctimas, a quien, según testificó, creyó mayor de edad porque tenía un tatuaje, la vio beber cerveza y fumar.

La sesión ha concluido con F.J.A.G., que afronta otra pena de 12 años, quien justificó su encuentro alegando que acudió tras ver un anuncio que ofertaba "chica fetichismo 18 años". Explicó que la menor vestía minifalda, tacones y llevaba los labios pintados, por lo que no le causó "sensación infantil". Además, detalló que no tuvo tiempo de cometer abuso alguno, ya que la Guardia Civil irrumpió en el lugar apenas 30 segundos después de haberse encontrado con la niña.

Finalmente, las peticiones económicas expuestas por el Ministerio Fiscal exigen reparaciones por daño moral sumamente cuantiosas. Solo a la principal acusada se le reclaman indemnizaciones por un montante total que supera los 130.000 euros a favor del conjunto de las víctimas de esta traumática red. Tras la jornada de declaraciones de los procesados, se ha procedido a la presentación de los informes finales para dejar el caso visto para sentencia.