Greenpeace ve con “escepticismo” el paso dado por Carboneras para cumplir la sentencia sobre El Algarrobico

“Cada paso cuenta, pero el Ayuntamiento emponzoña cada movimiento que tiene que dar”, ha sentenciado este jueves Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía. Su valoración llega tras la aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Carboneras de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), paso obligado por sentencia del Tribunal Supremo desde 2018 y ratificado por el TSJA.

Greenpeace celebra el avance, pero con “escepticismo”, al considerar que el trámite aún no está completo: el Consistorio debe ahora publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y notificarlo a la Junta de Andalucía para que pueda darse por plenamente ejecutada la resolución judicial.

La organización ecologista recuerda que este procedimiento fue solicitado ya en 2009, cuando comenzaron a acumularse los fallos judiciales que declaraban no urbanizables los terrenos donde se construyó el hotel de Azata del Sol, a pie de playa y dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. “Dieciséis años después llega este pequeño paso, aunque inconcluso”, señala Berraquero.

No es la primera vez que el Ayuntamiento modifica su PGOU en este sentido. En 2024 lo hizo, pero añadiendo que el cambio obedecía a “causas sobrevenidas”, lo que llevó a la Junta a impugnar el acuerdo, ya que —alegó entonces— el suelo estaba protegido desde 1994 con la entrada en vigor del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque.

Greenpeace interpreta este “ping pong” administrativo como una fórmula para evitar posibles indemnizaciones a la promotora del hotel, y reclama que el Ayuntamiento deje de “alargar el cumplimiento de sentencias con estrategias dilatorias”. Exige, además, la anulación de la licencia de obras, como ordenan otros fallos firmes, y la finalización del trámite urbanístico iniciado este jueves.

Por otro lado, insta a la Junta de Andalucía a que promueva su propio proceso de expropiación, en relación con la parte del hotel ubicada dentro del parque natural. Considera que este paso, paralelo al que ya ha iniciado el Estado, aceleraría el desenlace judicial y demostraría “con hechos, y no con palabras”, el compromiso real del Gobierno andaluz.

La Junta se persona en el proceso expropiatorio

Este mismo jueves, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha anunciado su personación formal en el expediente expropiatorio abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica, tras más de cinco meses sin recibir ninguna documentación por parte del Estado, a pesar de haberla solicitado “de forma reiterada”.

Según la Junta, esta decisión responde a la necesidad de tener conocimiento directo de los pasos previstos por el Estado y “reforzar el compromiso de todas las administraciones con la demolición del hotel ilegal y la restauración ecológica de una de las zonas más valiosas de la costa andaluza”.

“No se trata de entorpecer, sino de colaborar y garantizar que se actúe con rigor y celeridad”, sostienen desde la Junta, que ya prevé en los Presupuestos de 2025 una partida de un millón de euros para el desescombro y la renaturalización.

La Administración autonómica recuerda que existe un convenio con el Ministerio desde 2011, que reparte responsabilidades: el Estado se haría cargo de la demolición, y la Junta asumiría el desescombro, la reparación ambiental y la gestión de residuos.

Un símbolo del urbanismo salvaje

El hotel de El Algarrobico, levantado en primera línea de mar, se ha convertido en uno de los mayores símbolos del urbanismo ilegal en España. El Tribunal Supremo ha confirmado en sucesivas sentencias que el suelo era no urbanizable cuando se concedió la licencia de obras, y que parte de la construcción invade la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

Desde Greenpeace insisten en que solo con la suma efectiva de todas las administraciones se logrará su derribo, y reprochan al Ayuntamiento de Carboneras años de incumplimientos y maniobras para retrasar lo que consideran un imperativo legal y moral: la recuperación de uno de los enclaves más valiosos del litoral andaluz.