La Junta se persona en la expropiación del Algarrobico por “falta de información” del Gobierno

La Junta de Andalucía ha dado este jueves un nuevo paso en el proceso judicial e institucional para la demolición del hotel de El Algarrobico al personarse formalmente en el procedimiento de expropiación iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Lo hace, según explicó en un comunicado, tras más de cinco meses sin recibir documentación del Gobierno de España, pese a haberla solicitado “de forma reiterada” y haberlo acordado expresamente en la última Comisión Mixta de Seguimiento.

El Ejecutivo andaluz, que ya participa en otras tres vías clave —el procedimiento judicial, la modificación del planeamiento urbanístico y la revisión de oficio de la licencia—, considera que esta personación refuerza su compromiso con “la restitución de la legalidad urbanística y ambiental vulneradas” en este enclave protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

“El proceso continúa sin avances palpables y sin que la Junta haya recibido ningún tipo de información por parte del Estado”, asegura el comunicado difundido por la Consejería de Sostenibilidad, que recuerda además que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, anunció en febrero que el hotel sería derribado “en cinco meses”. Plazo que ha vencido sin que se haya producido ningún hecho material visible en el terreno.

La Junta afirma que su personación no busca entorpecer el proceso, sino impulsarlo, y denuncia la “opacidad” en torno a un expediente clave que afecta al cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Supremo y a la recuperación ambiental de una de las franjas más emblemáticas del litoral andaluz. A su juicio, las decisiones deben ser “jurídicas, responsables y sostenibles”, y el Ayuntamiento de Carboneras “debe culminar cuanto antes la revisión de oficio de la licencia de obras”, una vía “sólida y eficaz” avalada por los tribunales.

La respuesta del Gobierno: “El camino está trazado y nadie nos desviará”

Pocas horas después de difundirse la nota, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, respondía públicamente a la Junta asegurando que el proceso sigue su curso y defendiendo que el Gobierno “tiene la voluntad firme” de acabar con el hotel, al que definió como “un monumento al urbanismo salvaje que hay que eliminar cuanto antes”.

Martín confirmó que hace unas semanas la Delegación del Gobierno en Andalucía adoptó el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos dentro de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, un paso clave previo a la expropiación. Insistió en que “ya hay un convenio firmado desde 2011” que establece que el Estado se encargará de la demolición y la Junta del desescombro y la renaturalización del espacio. “Ese es el camino que estamos siguiendo y nadie nos va a desviar de nuestra hoja de ruta”, sentenció.

El subdelegado apeló también a la coordinación institucional y reclamó “decisiones valientes” por parte de todas las administraciones para lograr lo que “la sociedad andaluza, almeriense y española desea”: que el hotel sea demolido “en el menor tiempo posible”.

El pleno aprueba la modificación del PGOU exigida por el TSJA

El cruce institucional coincidió con una sesión clave celebrada este mismo jueves en el Ayuntamiento de Carboneras. El pleno ha aprobado finalmente la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para adaptarlo a la sentencia 634/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ordena clasificar como suelo no urbanizable los sectores ST-1 y ST-2 donde se levantó el hotel de Azata del Sol.

La votación sacó adelante el acuerdo con los votos favorables del alcalde, Salvador Hernández (Cs), los ediles del PP y del concejal Andrés Belmonte —quien sigue figurando como miembro del PSOE pero actúa de facto como no adscrito—. El edil Felipe Cayuela, todavía formalmente en el grupo popular pero desvinculado políticamente, se abstuvo. Tres concejales del PSOE no votaron ni a favor ni en contra, aunque su posición constará oficialmente como abstención.

La concejal socialista Mariana Esteban justificó el sentido favorable de su voto en la Comisión Informativa previa y reiteró que la modificación es necesaria “por obligado cumplimiento judicial”. Sin embargo, su compañero de grupo Francisco Capel protagonizó una intervención muy crítica con el alcalde. Denunció que se había engañado a la opinión pública al anunciar que el plan ya estaba corregido y publicado, y aseguró que el expediente carece de documentos esenciales, entre ellos informes completos del abogado externo y de la propia Secretaría.

Capel leyó extractos de un informe firmado por la secretaria municipal en los que se advierte de “anomalías administrativas”, “falta de documentación clave”, “reiterados requerimientos judiciales sin cumplir” y una situación de “indefensión administrativa”. Acusó al alcalde de haber convertido el Ayuntamiento en un “caos jurídico”, de dirigir la Administración “a golpe de interés personal” y de retrasar el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales que ordenan declarar ilegal el hotel.

Hernández replicó que el paso por pleno era necesario para cumplir con lo que el TSJA ha venido exigiendo en los últimos oficios y defendió que su voluntad es “resolver de una vez por todas el conflicto” buscando una solución definitiva con el Gobierno y la Junta a través de la expropiación y posterior demolición.

La decisión municipal será ahora remitida a la Sala de lo Contencioso del TSJA y a la Junta de Andalucía, para que ambas administraciones certifiquen el cumplimiento efectivo de la sentencia de 2018.