Huércal-Overa tiembla: denuncian una sede judicial en estado “insalubre” y reclaman soluciones urgentes

Un frente común inédito en la justicia del Levante almeriense ha emergido este jueves en Huércal-Overa. La jueza decana del partido judicial, Andrea Martín, y el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis de Aynat, han liderado una reunión institucional celebrada en la sede judicial del municipio para alertar sobre la situación crítica en la que se encuentra la infraestructura judicial local. La cita ha contado con la participación de todos los jueces del partido, representantes del Colegio de Procuradores, de la Fiscalía, letrados de la Administración de Justicia, sindicatos, funcionarios y la Junta de Personal.

El encuentro, calificado por algunos de los presentes como “grave y necesario”, ha girado en torno a las implicaciones locales de la inminente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, prevista para el 1 de julio. Esta norma conlleva la creación de tribunales de instancia, lo que supondrá la transformación de los actuales juzgados unipersonales en una única estructura judicial organizada por jurisdicciones.

Una reforma sin sede adecuada: el gran escollo de Huércal-Overa

El núcleo de la preocupación: Huércal-Overa no dispone de una sede judicial única y adecuada para asumir esta transformación. Actualmente, los tres juzgados del municipio están repartidos en dos edificios, uno de los cuales —donde se alojan dos de los órganos— presenta deficiencias “gravísimas”, según han denunciado tanto jueces como abogados. Esta dispersión no solo obstaculiza el funcionamiento diario, sino que, en palabras de la jueza decana, “compromete seriamente la eficiencia, la dignidad y el acceso a la justicia”.

Andrea Martín ha recordado que estas deficiencias fueron comunicadas a la Junta de Andalucía en un informe remitido tiempo atrás. “La única respuesta fue una mano de pintura en las paredes de los despachos de las juezas. Mientras tanto, seguimos trabajando en condiciones que rozan lo insalubre”, ha señalado con contundencia. Entre las denuncias más alarmantes figura la presencia habitual de animales —incluidos murciélagos—, cuyas heces aparecen cada mañana en huecos de persianas; despachos situados en sótanos sin ventilación ni luz natural; y un fuerte olor a putrefacción procedente de un archivo contiguo.

Enumeración de deficiencias: un edificio que no cumple estándares mínimos

El comunicado conjunto emitido tras la reunión ofrece un detallado diagnóstico de las múltiples carencias del edificio judicial:

1. Salubridad

• Despachos en sótanos sin luz ni ventilación, utilizados por médicos forenses para asistir a víctimas y personas con discapacidad.
• Archivo cerrado que emite un “fuerte olor a putrefacción” cuando se abre.
• Presencia de diversos animales en la sede.
• Murciélagos alojados en las persianas, con excrementos visibles a diario.

2. Seguridad

• Ausencia de calabozo: los detenidos son ubicados en la sala de abogados, junto a la entrada, con visión directa de víctimas y familiares.
• Sala destinada a víctimas de violencia de género extremadamente reducida, dificultando su derecho a estar acompañadas.
• Coincidencia en espacios comunes de víctimas con sus agresores por mala distribución de las zonas de tránsito.

3. Eficiencia

• Caídas constantes del sistema informático, lo que obliga a interrumpir actuaciones judiciales.
• Declaraciones que deben tomarse a mano por la imposibilidad de emplear medios telemáticos.
• Imposibilidad de realizar videoconferencias.

4. Accesibilidad

• Entradas estrechas que impiden el paso fluido de personas en silla de ruedas, obligando a mover mobiliario.
• Falta de espacio suficiente en algunas salas para que una silla de ruedas pueda girar.
• En más de una ocasión, las declaraciones han debido tomarse fuera de sala para evitar que personas con discapacidad tengan que regresar otro día.

5. Distribución y estructura

• La separación de las dos sedes genera disfunciones operativas y afecta a la coordinación.
• No existe planificación para una mudanza ni para la implementación efectiva del nuevo modelo de tribunal de instancia.
• Los accesos y estancias no garantizan condiciones dignas para los profesionales ni para los usuarios del sistema judicial.

La abogacía denuncia condiciones indignas para el ejercicio profesional

El decano del Colegio de la Abogacía ha sido igual de tajante. Juan Luis de Aynat ha lamentado que Huércal-Overa ni siquiera cuente con una sala específica para los abogados: “No tenemos un espacio donde mantener conversaciones confidenciales con nuestros clientes, ni siquiera donde vestirnos con la toga o esperar nuestro turno de juicio. Ese espacio ha sido reconvertido en calabozo”, ha afirmado. De Aynat ha subrayado que esta situación compromete el derecho de defensa y genera inseguridad jurídica.

Reclaman respuestas inmediatas a la Junta de Andalucía

Tanto la jueza decana como el decano de la Abogacía han expresado su “profunda preocupación” por la falta de información oficial sobre el prometido proyecto de una nueva sede judicial. A día de hoy, aseguran, la Junta de Andalucía no ha ofrecido ni plazos ni detalles concretos.

Por ello, han exigido a la Delegación Territorial de Justicia en Almería que aclare de forma urgente:

• El estado actual del proyecto de la nueva sede judicial.
• Los plazos previstos para su ejecución.
• Las condiciones técnicas, logísticas y de accesibilidad del futuro edificio.
• Los mecanismos que garanticen la participación de jueces, fiscales, abogados y funcionarios en el diseño del nuevo espacio.

"No podemos aplicar una reforma estructural con edificios tercermundistas"

Andrea Martín ha recalcado que una transformación judicial de tal envergadura como la prevista por la Ley Orgánica 1/2025 no puede llevarse a cabo “sin recursos ni infraestructuras mínimas”. En su opinión, implementar el nuevo modelo de tribunales de instancia en las condiciones actuales no solo es inviable, sino contraproducente: “No se trata de hacer encaje de bolillos con lo que hay, sino de garantizar una justicia cercana, digna y eficiente”.

En la misma línea, Juan Luis de Aynat ha reiterado el compromiso de la abogacía con la mejora del sistema judicial, pero ha advertido: “No podemos seguir funcionando en un edificio que se cae a pedazos. Esta situación afecta no solo a los profesionales, sino también a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Ambos representantes han concluido su intervención apelando a la responsabilidad institucional y reclamando que se dote al partido judicial de Huércal-Overa de una sede judicial a la altura de los principios de justicia, legalidad y dignidad que debe encarnar el Estado de Derecho.