Investigan a un pastor evangélico de Almería por apropiarse de las donaciones

El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería mantiene abiertas unas diligencias por presunta apropiación indebida, estafa y coacciones en el seno de una comunidad evangélica ubicada en el barrio almeriense de Regiones. En el centro del caso figuran D.R.S. y J.M., matrimonio que ejerce como pastores de la iglesia y que, según la denuncia, habrían gestionado de forma opaca las donaciones de los fieles durante varios años.

El procedimiento, que continúa en fase de instrucción, busca esclarecer si los fondos recaudados por la congregación se destinaron a fines religiosos o si fueron empleados en beneficio particular.

El origen del caso se remonta a finales de junio de 2025, cuando un antiguo miembro de la iglesia presentó una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería. En su escrito, el denunciante acusa a los pastores de haber “manejado los fondos de la congregación sin control ni rendición de cuentas”, desviando supuestamente parte del dinero destinado a la compra de un nuevo local de culto.

La denuncia recoge que las aportaciones semanales de los fieles —recaudadas en concepto de diezmos, ofrendas y campañas solidarias— habrían sido ingresadas en una única cuenta bancaria controlada exclusivamente por J.M., quien actuaba como tesorera. Según el denunciante, ni la comunidad ni los órganos colegiados de la iglesia habrían tenido acceso a la contabilidad ni a los justificantes de gasto.

En la misma denuncia se mencionan pagos periódicos a los dos pastores —500 euros mensuales para él y 600 para ella—, además del uso del dinero de la congregación para cubrir el servicio de internet del domicilio familiar y un seguro médico privado. También se hace referencia al envío de dinero al extranjero, a nombre de un familiar, bajo el concepto de “diezmo personal”.

El denunciante afirma, asimismo, haber sufrido represalias dentro de la comunidad, incluyendo la expulsión de su esposa y sus hijos menores de los grupos oficiales de comunicación de la iglesia. Aporta capturas de pantalla y mensajes que, según su versión, acreditarían esa exclusión como respuesta directa a su crítica a la gestión económica.

“No son ciertos nada de los hechos relatados”

El pasado 18 de septiembre, ambos pastores prestaron declaración ante el juez Manuel José Rey Bellot como investigados, en una causa que se tramita como diligencias previas.

En su declaración judicial, J.M. reconoció que “es la tesorera y pastora” de la iglesia y que “las donaciones semanales las ingresa en una cuenta bancaria del Sabadell” de la que “es la única titular”.

Negó, sin embargo, haber recibido ninguna remuneración por ese trabajo o haber utilizado dinero de la iglesia para gastos personales. “No ha cogido fondos de la Iglesia Evangélica para gastos personales ni para financiar viajes suyos o de familiares”, consta en el acta de su declaración, en la que también añadió: “No son ciertos nada de los hechos relatados en la denuncia”.

La tesorera explicó que “las decisiones económicas se toman en asamblea” y que “anualmente entregan cuentas a la iglesia y a la iglesia madre”. A preguntas de su abogada, afirmó además que tanto ella como su esposo y su hijo “están siendo acosados por el denunciante a través de redes, mensajes y correo”.

Por su parte, D.R.S., presidente y pastor de la misma iglesia, declaró ante el juez que “los fondos se obtienen de donaciones voluntarias de los fieles” y que existe “una contabilidad y una gestoría externa que controla los gastos”. Según su versión, las decisiones económicas se adoptan “por asamblea y por mayoría”, conforme a los estatutos que figuran en la escritura de constitución de la entidad.

También negó tajantemente percibir un sueldo: “No percibe ningún sueldo por dicho cargo”, figura en el acta, y añadió que “no es cierto que tenga un sueldo de 500 euros mensuales”.

Ambos pastores coincidieron en señalar que el denunciante “no tiene ningún cargo en la iglesia” y que la denuncia responde a un “acoso” continuado contra ellos.

La acusación pide los extractos bancarios y los estatutos

Tras las declaraciones, la representación procesal del denunciante presentó un nuevo escrito ante el juzgado el 30 de septiembre de 2025. En él solicita que se requiera a los investigados para que aporten los estatutos de la iglesia, el acta de la asamblea donde supuestamente se acordó cambiar el destino del dinero recaudado para un nuevo templo, y los extractos bancarios de los últimos cinco años de la cuenta del Sabadell en la que se ingresaban las donaciones.

El escrito argumenta que las declaraciones de los pastores confirman la existencia de esa cuenta única y la ausencia de control compartido sobre los fondos. La acusación particular pide además la grabación íntegra de las declaraciones practicadas en sede judicial.

La causa permanece en fase de instrucción, sin que por el momento se haya dictado resolución definitiva sobre la admisión o práctica de las pruebas solicitadas.

Un conflicto con derivadas internas

El propio denunciante sostiene que su familia fue apartada “de todos los grupos y actividades de la iglesia” tras poner en duda las cuentas. En su ampliación de denuncia, presentada el 8 de agosto, asegura que se trata de una “represalia por haber denunciado” y que la exclusión ha afectado incluso a sus hijos menores.

La ampliación detalla también la supuesta existencia de una “cuenta paralela” utilizada para canalizar ingresos de una pequeña librería de la iglesia y reclama al juzgado la comprobación de los movimientos bancarios y la existencia de una gestoría externa, tal como alegan los investigados.

Por ahora, el Juzgado de Instrucción número 6 continúa practicando diligencias para determinar si los presuntos hechos denunciados constituyen o no delito. La investigación se encuentra en una fase preliminar, y que tanto D.R.S. como J.M. conservan su condición de investigados, no de acusados, mientras el juez valora la documentación y las pruebas solicitadas por las partes.

La resolución de las diligencias dependerá en gran medida de si los estatutos y los extractos bancarios confirman la existencia de decisiones colegiadas y gastos justificados, o si, por el contrario, revelan supuestos movimientos irregulares.