El juez ordena el volcado de los móviles de empresarios del caso 'Mascarillas' y del hermano de Liria

La investigación del 'caso Mascarillas' ha entrado en una fase decisiva que apunta directamente al corazón de la obra pública en la provincia. El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha dictado un auto, fechado el pasado 2 de enero, en el que autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a realizar el desprecinto, clonado y análisis exhaustivo de los teléfonos móviles de seis nuevos investigados, entre los que se encuentran destacados empresarios de la construcción y el hermano del exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria.

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso este diario, supone un salto cualitativo en la instrucción. El magistrado Manuel José Rey Bellot considera necesaria esta injerencia en la privacidad ante los indicios de que la presunta corrupción en la institución provincial no fue un hecho aislado vinculado a la pandemia, sino una "mecánica delictiva sistémica" que habría amañado decenas de contratos de los Planes Provinciales y del Plan Acelera.

La orden judicial pone el foco en los dispositivos de última generación incautados a los administradores de varias mercantiles adjudicatarias. En concreto, la UCO rastreará las comunicaciones de los responsables de empresas bien conocidas por ser adjudicatarias habituales de este tipo de contratos en la provincia, así como de la mercantil OYC Servicios Urbanos, vinculada al clan de Fines.

Además del bloque empresarial, el juez ha autorizado el volcado del teléfono de F.J.L.S., hermano de Óscar Liria, al considerar que podría haber actuado como pieza necesaria en el engranaje de blanqueo de capitales y distribución de comisiones.

Instrucciones precisas: "Reste un 4%"

El interés de los investigadores por estos terminales radica en confirmar si, como sospecha el instructor, existía un "concierto previo" en las licitaciones. El auto describe cómo desde la propia Diputación se daban instrucciones precisas a los empresarios "amigos" para que sus ofertas resultaran ganadoras. Los agentes buscan rastro de mensajes con consignas como "reste un 4%" o aplique una "baja simbólica", términos que aparecen en la investigación como las claves para simular competencia en concursos que estaban decididos de antemano.

El magistrado destaca el papel de empresas instrumentales como Pulconal y OYC Servicios Urbanos, vinculadas a testaferros de la familia Liria y Sánchez, que llegaron a acumular 16 y 17 contratos respectivamente, actuando en ocasiones sin medios propios para ejecutar las obras adjudicadas.

El "código dental" como justificación

Aunque el foco de este nuevo auto es la trama constructora, el juez Rey Bellot utiliza la contundencia de las pruebas recabadas contra la cúpula política para justificar esta nueva intromisión en el secreto de las comunicaciones. El magistrado recuerda en su escrito que los principales investigados políticos (Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Óscar Liria) utilizaban un lenguaje en clave para referirse a las mordidas, hablando de "ir al dentista", "cambiar la piñata" o arreglarse las "muelas picadas".

El instructor también reseña, como indicio de cargo para avalar la gravedad de los hechos, el mensaje enviado por el expresidente Javier Aureliano García al grupo 'Naranjito' el 8 de abril de 2020: un emoticono de un diente enviado "solo tres minutos después" de firmar el decreto de adjudicación del contrato de las mascarillas.

Blanqueo y "caja B" familiar

La resolución judicial también profundiza en la vertiente económica, ordenando el rastreo de los móviles para localizar el destino final del dinero. El juez destaca la "inexistencia de retiradas de efectivo" en las cuentas del expresidente, lo que sugiere que vivía de fondos opacos, y recuerda el hallazgo en casa de su hermana de una nota manuscrita en tinta roja junto a dinero en metálico con la frase: "Este dinero es de Javier Aureliano". Con el análisis de los nuevos teléfonos, la UCO pretende cerrar el círculo del dinero que salió de la Diputación y acabó presuntamente blanqueado a través de compras de parcelas y pagos hipotecarios.