En los últimos días se han venido repitiendo los mensajes del PP y las instituciones que gobiernan en la provincia contrarios a la actual planificación del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana (antes Fomento) para la mejora de la línea de ferrocarril a Granada. Entre la reivindicación y el registro lacrimógeno, brotó una partitura propia del histrionismo y la contradicción al término de la reunión que mantuvieron María Luisa Domínguez, presidenta de ADIF, y Xavier Flores, secretario general de Infraestructuras, con el alcalde de Almería y el presidente de Diputación, Ramón Fernández-Pacheco y Javier Aureliano García respectivamente, que son además los líderes del PP almeriense.

Con caras de ofuscación nada más conocer el estudio funcional preliminar de la nueva línea de tren a Granada, se mostraron claramente críticos con la propuesta al entender que llega con 30 años de retraso y es “poco ambiciosa y conformista”. A juicio de García, “después de tantos años de abandono, los almerienses no nos merecemos que se hagan unas mejoras, necesitamos más, que se reduzca el tiempo mucho más”. En este mismo sentido, Fernández-Pacheco valoró que es una “injusticia manifiesta” y apeló también a que “los almerienses merecen una apuesta decidida del Ministerio en materia ferroviaria”. Reclamaciones lógicas y sensatas si no formaran parte de un nuevo capítulo de un ecosistema político gripado. Los populares exhiben un doble rasero o moral que bien se podría ajustar a la ley del embudo por el que lo estrecho es para otros y lo ancho para uno.

Un fariseísmo muy tradicional en esta tierra con el que se intenta sacar rédito electoral a las contingencias de una condena al ostracismo ferroviario desde finales del pasado siglo. Los populares olvidan que el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentó ante la Mesa de las Infraestructuras y las instituciones que gobernaban una propuesta de renovación de la línea a Granada muy similar a la actual, con menos actuaciones y una inversión que se quedaba casi en la mitad de lo que ahora se proyecta. Presidente de la Diputación, alcaldes y algún que otro empresario aplaudieron en su día esta renovación low cost del tramo más próximo de la línea convencional a Linares sin importar el contrarrelato épico que les tocó asumir a los voceros socialistas de entonces que colgaban el cartel de los días sin obras del AVE a Murcia.

El exministro Íñigo de la Serna recibiendo la medalla de la provincia

Desde el PSOE se tildó aquella iniciativa de “atraco definitivo” a los almerienses porque enterraba la prolongación de la Alta Velocidad a Granada en el verano de 2017. Casi cinco años después, un proyecto mejorado, aunque sigue siendo insuficiente, que incrementa el gasto de 363 a 615 millones, es “poco ambicioso” para los populares y la provincia seguirá sin ser competitiva. Pura y dura filosofía de supervivencia de una política de correligionarios, aduladores y gregarios que no ha dejado de gangrenar el ferrocarril en esta isla. Poco después de dar a conocer aquel proyecto menor, que antes parecía el más adecuado y que hoy se antoja deficiente, el exministro Íñigo de la Serna fue galardonado por su compromiso con Almería.

La Diputación le hizo entrega de la medalla de la provincia en un acto que simbolizaba la postración de los almerienses ante un Gobierno que había construido cero kilómetros del AVE a Murcia, ni licitaciones ni adjudicaciones, pero eso sí, tuvo la decencia de poner sobre la mesa una planificación estratégica situacional, lo que viene siendo otro cronograma para incumplir los que estaban gobernando y los que llegarían después. De ahí que resulte tan paradójico de entender en la actualidad, para los que no están en las trincheras de la contenciosidad y el dogmatismo, que aquellos que en su día premiaron al exministro del Gobierno de los túneles tapiados en Sorbas y el kilómetro cero de obras hoy cuestionen cada paso de otro Ejecutivo por tener distinto signo político que desde junio de 2018 ha licitado actuaciones por encima de los 1.650 millones y adjudicado contratos por un montante de más de 1.100 millones. Pero claro, al enemigo ni agua. La ley del embudo.