"La madre de la bebé Míriam espera que se haga justicia"

La versión de Julián Cazorla, abogado de la acusación por parte de Gema María Cuerda, coincide en gran parte con la del fiscal. Hay matices que cambian respecto a ésta pero la base es la misma. En todo caso, Cazorla apunta a unos presuntos intereses económicos que podrían estar en el fondo de lo ocurrido entre Palma del Condado y Fiñana, solicitando para Jonathan Moya unas penas de 29 años de prisión por los delitos de detención ilegal y asesinato, y reclamando una indemnización de 300.000 euros para la madre.

Una "sufrida madre" que según su abogado tiene el deseo de "obtener justicia" y "saber con total seguridad quién o quiénes fueron los autores de los hechos" para que recaiga sobre ellos todo el peso de la justicia". Cazorla apuntó que este deseo "no puede ser confundido nunca con el ánimo de venganza, aquí ánimo de venganza no hay ninguno; no hay ánimo revanchista contra cualquier persona que pasase por allí, por eso no se han traído a esas personas, porque no había pruebas de peso que sustentasen dicha acusación".

El letrado se refería, como es evidente a Raúl Ríos, el amigo desimputado y acusado directamente por Moya, tras una "exhaustiva investigación" de unos "hechos horrorosos, de una crueldad extrema", tanto que Cazorla mantuvo que "en esta sala vamos a pasar por momentos duros".

Asimismo, dijo que Moya había ofreciudo "diferentes versiones, todas ellas rozando lo absurdo, sobre todo en lo que respecta a la separación de la niña de su madre", y manteniendo que su "falta de arrepentimiento", es una "falta de respeto a las víctimas".

Además, advirtió al jurado de que la defensa intentaría "emponzoñar e incluso hacer responsable a la víctima", porque Moya "reduce a las víctimas a meros objetos con un valor económico, y cuando ya no tienen valor los arroja a una balsa con 30 kilos de piedras", tras lo que finalizó afirmando que espera que "se haga justicia".