100 millones bajo el mazo judicial

El martillo de los jueces puede golpear fuerte al Ayuntamiento de Almería, que tiene pendientes de resolución conflictos millonarios con antiguas concesionarias o viejos socios de convenios urbanísticos. Solo en tres litigios la otra parte espera recibir de las arcas públicas 76,6 millones de euros, una cantidad para echarse las manos a la cabeza, si es comparada con la partida de mayor inversión con la que el equipo de gobierno ha provisto a la ciudad para este año, los 5,5 millones destinados al Parque de Las Familias. Toca confiar en los Servicios Municipales Jurídicos porque las últimas sentencias más sonadas -salvo la del paseo marítimo, que puede, no obstante, ser recurrida- han sido condenatorias, como los cementerios, la del parking de Obispo Orberá o la del edificio polivalente de El Toyo, y a punto de tocar a las puertas de los tribunales hay más concesionarias como la del campo de golf, con la que el Ayuntamiento sigue negociando un acuerdo. Entre unas y otras, son cerca de cien millones los que tintinean en la sala.

Es lógico que una administración local de una capital se enfrente a diario a litigios. Caídas de ciudadanos, trabajadores descontentos o sanciones o cobros considerados indebidos. Ahí está de hecho el nuevo Tribunal Administrativo Económico Municipal puesto en marcha. Pero no está acostumbrado -ni ahora, ni antes- el Ayuntamiento de Almería a facilitar datos sobre litigios y mucho menos el coste de los mismos para el heraldo público, si bien el equipo de gobierno se ha visto obligado en estos dos últimos años a digerir con sal de frutas las noticias que a cuenta gotas han ido conociéndose y que han llevado a las portadas de los periódicos números con seis ceros.

Una de ellas es el contencioso de la exconcesionaria de la Ciudad Digital. Obligó al Ayuntamiento a deshacer expedientes para anular el rescate e iniciar la rescisión del contrato en aras de "ganar garantías jurídicas". En los presupuestos de este año hay contemplada una partida de 1.500.000 euros para poder despachar a la empresa, si bien esta viene reclamando una histórica indemnización de 22,7 millones, según los datos aportados por el Consistorio, que en su defensa alega la ineficacia de los servicios contratados.

En el ranking de reclamaciones millonarias la palma se la lleva Miguel Rifá y su convenio de la Compañía de María. El empresario, al que le han sido embargados sus bienes, interpuso un contencioso administrativo por el que le exige al Ayuntamiento 31.269.871,97 euros por el supuesto incumplimiento del citado acuerdo al no haber aprobado aún el equipo de gobierno el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que le permitiría a la empresa Diakonia Hotelera abrir en un hotel de lujo y apartahoteles en una parte del colegio sin uso escolar, a cambio de construir la Jefatura de la Policía Local -en pie- y hacerse encargado de los locales de la plaza del Mar de El Toyo -abiertos-.

El Ayuntamiento mantiene que el convenio no tiene fecha de cumplimiento y una cosa es que un asunto sea defendible y otra muy diferente que esté ganado.

La misma regla se puede aplicar a la inversa con otra reclamación complicada, según fuentes municipales, de resolver. Es la presentada por los empresarios Miguel Santaella y José García, bajo la UTE Joisán, adjudicataria del centro comercial de El Toyo. Echan mano a una cláusula del contrato para devolver la pacerla sin desarrollar, por causas que atribuyen al Consistorio -el desdoblamiento de la N-344, pendiente de retomar, principalmente- y piden, sin incluir el lucro cesante, 23 millones.

Los tres casos anteriores están vinculados con El Toyo. Y es que esta urbanización turística ha dado mucho dinero a las arcas municipales, unos 300 millones, pero también se ha convertido en un nido de conflictos. El Gobierno local está procurando mediante la negociación no acabar en la sala frente a la empresa del campo de golf, que ha solicitado la rescisión del contrato y el pago de una compensación de ocho millones al achacar al Ayuntamiento la falta en su perjuicio de desarrollo de El Toyo.

400.000 euros pagó el año pasado el Consistorio a una de las constructoras de la Villa Mediterránea del 2005 y acaba de empezar a abonar los 1.376.481 euros en cumplimiento de la sentencia a favor de la adjudicataria del edificio polivalente de los Juegos, también en El Toyo.

Al listado de sentencias firmes condenatorias hay que agregar las emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía favorables a los comerciantes de Obispo Orberá que pidieron daños y perjuicios por las obras del aparcamiento subterráneo, reconociéndoles el derecho a cobrar una indemnización máxima de un millón de euros, y la más reciente de los cementerios. El Ayuntamiento tiene que pagar este año a Ceal, aunque está pendiente de resolver la revisión de oficio a la que ha recurrido el equipo de gobierno para arañar euros a los 5,4 millones reclamados más los intereses de demora, que podrían elevar la cifra hasta los siete.

Es la razón por la que, según el PP, no hay partida contemplada en los presupuestos de 2014 para compensar a la exconcesionaria de los camposantos. Solo figura una partida específica en las previsiones de gastos municipales de 500.000 euros destinadas a "indemnizaciones, sentencias firmes y responsabilidad civil y patrimonial" que, a priori, se antoja corta. Junto a ella y para atender el auto de Eulen, la exconcesionaria de jardines, aparece otra consignación, también de 500.000 euros.

El Ayuntamiento piensa contratar asistencias de defensa jurídica por valor de 150.000 euros y, según el Presupuesto General, se calcula que únicamente habrá un gasto de 20.000 euros en costas, notarios y registros.

Estas partidas están a prueba de dinamita también de los movimientos políticos. El Partido Socialista está inmerso en una campaña a pie de barrio para ayudar a los conductores multados a recurrir las sanciones en el caso de que el proceso de notificación no haya sido el adecuado. De hecho, los socialistas han denunciando que "la Justicia está obligando a pagar al Ayuntamiento miles de euros por multas de 48" al haber sido condenado a costas.

Otro frente reabre, además, el PSOE. Según anunció ayer el portavoz municipal, Joaquín Jiménez, la oposición está organizándose ya para emprender una campaña ciudadana mediante la que invitarán a recurrir los sobrecobros de la contribución por el error catastral no reconocidos de los años 2008 y 2009 que, mantienen, no han prescrito mientras que no haya habido notificación por parte del Catastro. Está la vía administrativa, y también la judicial.

Pese al incremento de las tasas judiciales, a ella siguen recurriendo los ciudadanos. Una de las últimas sentencias fue precisamente dada a conocer ayer por el Grupo Socialista. El TSJA ha condenado al Ayuntamiento por realizar una contratación externa sin cumplir los requisitos. Tendrá que indemnizar a una abogada con 17.241 euros que, tras cuatro años de trabajo en el Ayuntamiento, fue excluida del proceso de selección de dos asesoras jurídicas para el Plan Municipal de Inmigración. De acuerdo con la reclamación y el fallo judicial, una de las elegidas no reunía los requisitos que el propio Consistorio exigía. "Esta no va a ser la última resolución judicial contraria a los intereses de la ciudad. La gestión del alcalde está jalonada de sentencias que repercuten en el bolsillo de los almerienses sin que nadie asuma responsabilidades", critica la concejal socialista Inés Plaza.

Esta semana, al menos, el Ayuntamiento ha salido satisfecho de los Juzgados con un acuerdo con la empresa Carousel Eurogroup para que desaloje los parkings.