Una mole de hormigón entre el hartazgo político y la presión ecologista en Carboneras

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Ciudadanos), pide un acuerdo definitivo entre administraciones que ponga fin al conflicto sobre el hotel de El Algarrobico que lastra al municipio y cree que esta construcción se ha convertido en un "arma arrojadiza" que utilizan la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

Cuando se cumple el vigésimo aniversario de la paralización judicial de las obras del hotel ubicado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, el alcalde ha hecho balance, en una entrevista con EFE, de estas dos décadas de enredo judicial cuando todavía se está a la espera de su demolición.

Sobre las responsabilidades de que el municipio tenga unas obras declaradas ilegales en su costa, Hernández reparte culpas y señala que el proyecto "contó con el beneplácito y apoyo de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España".

El alcalde recuerda que hace veinte años "no había una conciencia medioambiental tan fuerte" y subraya que Carboneras, de tradición marinera, convivía con municipios vecinos de gran desarrollo hotelero. Por ello, al considerar que "la responsabilidad es compartida", reclama que "se alcance un acuerdo entre administraciones con el que se ponga fin a este problema".

Sin embargo, se muestra crítico con la actitud de los ejecutivos autonómico y central y afea especialmente los recientes anuncios de expropiación: "Lo que sí es evidente es que, lamentablemente, el hotel Algarrobico se ha convertido en arma arrojadiza entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía".

A su juicio, este "uso con fines partidistas impide alcanzar acuerdos y encontrar soluciones en beneficio del interés general".

Un Ayuntamiento sin capacidad económica

Uno de los mayores temores que planean sobre la localidad es la responsabilidad patrimonial derivada de las licencias concedidas en su día, ante la reclamación de la promotora del hotel, Azata del Sol, que ha llegado a pedir en los tribunales una indemnización de 100 millones a pagar por el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento.

Hernández advierte de que el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto anual de apenas 11 millones de euros, por lo que "evidentemente, no le sería posible asumir su parte de una indemnización de ese calibre".

Además, considera que no sería justo hacer recaer ese peso sobre los ciudadanos, a quienes define como los "principales damnificados por la situación", e incide en que el municipio necesita apoyo para su "reconversión económica por el cierre de la central térmica".

Para el alcalde, "Carboneras ha sido la gran perjudicada en los últimos 20 años", ya que no ha obtenido "ni las expectativas de empleo y desarrollo que se prometieron con el hotel ni una sola de las medidas de compensación anunciadas". El resultado, lamenta, ha sido únicamente "una mancha reputacional que estamos intentando limpiar día a día".

El futuro y el hartazgo vecinal

Sobre el reciente cambio en el plan urbanístico del municipio por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), asegura que no se siente perseguido por la justicia y que "cualquier posibilidad urbanística lleva cerrada desde que el terreno se declaró no urbanizable, y el Ayuntamiento ha tenido eso siempre claro".

En cuanto a la demolición del hotel, se remite al protocolo firmado en su día, por el cual "el Gobierno central asumiría la demolición y el autonómico la restauración de la zona". "A ellos corresponderá esa tarea, así como poner en marcha un plan de compensación real para el municipio", sentencia.

Mientras tanto, el Ayuntamiento centra sus esfuerzos en la captación de nuevos proyectos empresariales para los antiguos terrenos de la térmica y apuesta por "una industria sostenible, un turismo y servicios de calidad y nuestra tradicional actividad pesquera", señala el alcalde. 

La posición de los ecologistas

Hoy, tanto Salvemos Mojácar, entidad que impulsó el primer recurso, como Greenpeace, que ha liderado la estrategia jurídica posterior, coinciden en agradecer la "valentía" del magistrado Jesñus Rivera y en denunciar el "fracaso" del sistema judicial y administrativo para ejecutar las sentencias.

Para Greenpeace, el principal obstáculo actual es el Ayuntamiento de Carboneras. El abogado de la organización, José Ignacio Domínguez, asegura que el consistorio está "dando largas" para no acatar el fallo que obliga a revisar la licencia de obras de 2003.

Ante este escenario, Greenpeace ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que asuma directamente la anulación del permiso, retirando la competencia al ámbito municipal.

"Si es el TSJA el que anula la licencia, la nulidad sería firme este año o el que viene. De seguir el cauce municipal, el caso podría alargarse unos diez años más por los recursos", explica el letrado, quien sitúa a la Junta de Andalucía y a la promotora Azata en el segundo y tercer puesto de responsabilidad por los continuos incumplimientos.

Sobre la constructora, Domínguez es inflexible: "Azata no es una víctima aquí; sabía a lo que se arriesgaba y conocía que la servidumbre de protección era de 100 metros" de la playa y que la promotora dio validez a un plano "que se alteró sin expediente alguno".

Por ello, defiende que "lo justo y lo legal" es que la empresa asuma los siete millones de euros tasados para el derribo, para el cual Greenpeace propone un modelo de "deconstrucción" meticulosa y reciclaje.

"Maniobra electoralista"

Además, el letrado califica la reciente oferta del Gobierno de 16.000 euros para expropiar los terrenos como una "maniobra electoralista", aunque admite que es un paso necesario en un proceso donde un acuerdo publicado en el BOE ya estipula que el Ejecutivo central asumirá la demolición y la Junta, la restauración ambiental.

Por su parte, Jaime del Val, portavoz de Salvemos Mojácar, rememora la "mucha soledad" con la que afrontaron el proceso judicial en sus inicios, enfrentándose a una promotora gigante.

Recuerda que nunca tuvieron "miedo" a las represalias ni a las fianzas millonarias, pero califica como "una página negra" la actitud de otros colectivos ecologistas locales que les criticaron por actuar. Del Val vincula esta situación a la coyuntura política de la Junta de Andalucía en aquella época, cuando la obra contaba con todos los parabienes administrativos.

Aunque celebra la reciente notificación del TSJA que archiva la causa sobre el suelo al confirmar definitivamente que es no urbanizable, Del Val lamenta que la confirmación llega "20 años tarde" y lo considera solo una pieza más en la estrategia dilatoria de las administraciones.

Además, el activista alerta de que el famoso hotel es una "excepción" por haberse logrado detener. Desde la nueva plataforma Rebeldes Indignadas, denuncia la existencia de "miles de Algarrobicos sin denunciar" y planes urbanísticos "monstruosos" que intentan resucitar la burbuja inmobiliaria en municipios como Mojácar, Palomares y Pulpí, tachando de "inaceptable" que se justifiquen con la falta de vivienda.

"En los escenarios a los que vamos, el Algarrobico es más probable que lo eche abajo el colapso climático o que quede como ruina y testimonio de un modelo civilizatorio fallido", asevera Del Val, que critica a un "ecologismo tibio" que "pone tiritas al Titanic mientras se hunde".