La mudanza forzosa de San Isidro: cuando el desalojo te sorprende en el invernadero

La mañana de este viernes en la carretera de Campohermoso, a la entrada de la localidad nijareña de San Isidro, ha estado marcada por un ir y venir constante de vehículos cargados de enseres. Cuatro coches particulares y una furgoneta grande, conducidos por voluntarios de diversas entidades sociales, se han afanado en realizar múltiples viajes para salvar lo que ellos mismos denominan "las cosas de la vida". El trasiego logístico y puramente práctico ha sustituido al desconcierto vivido durante la jornada anterior, cuando decenas de personas se encontraron literalmente en la calle y con sus pertenencias bajo llave.

No se trata solo de mover ropa o maletas básicas. De las entrañas de un antiguo chalet precintado han ido saliendo bicicletas, microondas, sartenes, ollas y pequeños electrodomésticos que hasta hace apenas unas horas conformaban el precario hogar de decenas de trabajadores agrícolas. Bajo la atenta supervisión de la Policía Local, que ha ordenado el acceso al inmueble en un clima de absoluta tranquilidad, los afectados han podido recuperar parte de su cotidianidad arrebatada por sorpresa. Mientras tanto, en el exterior, una excavadora y operarios municipales se afanaban en retirar los escombros de las chabolas anexas, dejando el muro perimetral completamente despejado.

Para entender esta mudanza forzosa hay que retroceder a la mañana del jueves. La intervención, ejecutada por el Ayuntamiento de Níjar junto a técnicos de Endesa y las Fuerzas de Seguridad, se centró en dos frentes. El primero de ellos, un pequeño asentamiento situado frente a una gasolinera Repsol, albergaba a unas catorce personas. Este desalojo sí estaba planificado y notificado por escrito, pospuesto desde la semana pasada debido al temporal de lluvia. Sin embargo, el impacto social de la medida ha dejado una conclusión amarga para el tercer sector: tan solo dos personas de este emplazamiento aceptaron el traslado a las instalaciones municipales. El resto decidió dispersarse y buscarse la vida por su cuenta. Para las ONG, esto evidencia que no se está erradicando el chabolismo, sino simplemente desplazándolo hacia zonas menos visibles del municipio para ocultar la realidad.

El segundo foco de la actuación fue el que desató la controversia y la indignación de los colectivos sociales. Se trataba de un gran chalet de propiedad privada, ocupado desde hacía tiempo y dividido en tres áreas: una planta baja donde residían unas ocho personas, un sótano con una alta densidad de ocupantes, y unos alrededores repletos de chamizos y chabolas adosadas a un murete inestable. A los moradores de la zona exterior se les había avisado verbalmente de que debían salir por el peligro de caída del muro. Sin embargo, la actuación municipal fue mucho más allá de lo pactado y procedió a la clausura total del edificio sin ningún tipo de preaviso para los residentes del interior.

La mayoría de estos inquilinos había salido a primera hora de la mañana para cumplir con su jornada laboral en los invernaderos de la comarca. Al regresar exhaustos, entre las cuatro y las cinco de la tarde, se toparon con la cruda realidad: el edificio estaba precintado, sus casas cerradas y todas sus pertenencias atrapadas en el interior. "Personas tratadas como trastos", han llegado a denunciar desde las entidades sociales, criticando una forma de intervenir que, a su juicio, no sitúa la dignidad humana en el centro de las políticas públicas.

Desde el Ayuntamiento de Níjar, sin embargo, la lectura de los hechos es radicalmente distinta y se ampara en la urgencia y la seguridad ciudadana. El portavoz municipal esgrimió de forma tajante que la decisión de precintar el inmueble de manera fulminante no fue un capricho, sino una necesidad imperiosa basada en el escrupuloso respeto a la ley. Los informes técnicos de Urbanismo alertaron de un "riesgo inminente de derrumbe", a lo que se sumó la inspección de los técnicos de Endesa, quienes constataron un "riesgo severo de incendio" provocado por numerosos enganches fraudulentos, con cables al aire libre que soltaban chispazos con las rachas de viento. Para el Consistorio, mantener a esas personas en el interior del chalet suponía un peligro mortal, justificando así la celeridad de un operativo que, aseguran, ha evitado una desgracia mayor.

El destino final para aquellos que han aceptado la ayuda institucional es el paraje de Los Grillos, un dispositivo municipal de alojamiento transitorio conformado por módulos prefabricados. Según los datos oficiales facilitados a última hora de la noche del jueves, el operativo se saldó con 39 personas realojadas: las dos procedentes de la gasolinera y 37 evacuadas del chalet. Con estas incorporaciones de emergencia, las instalaciones acogen actualmente a un total de 70 personas, rozando el límite de su capacidad para ofrecer este tipo de soluciones habitacionales temporales, cuyo periodo máximo de estancia nunca puede superar el año.

Pero la llegada a Los Grillos durante la tarde y noche del jueves estuvo lejos de ser un proceso ordenado. Ante la imposibilidad de sacar sus cosas del chalet, decenas de personas llegaron a los módulos literalmente con lo puesto, lo que obligó a los voluntarios de Cruz Roja a organizar un dispositivo de emergencia en plena noche para proveerles de mantas, comida y prendas de abrigo básicas.

Esta precariedad inicial ha chocado frontalmente con el discurso oficial del Ayuntamiento, que ha reiterado que las instalaciones cuentan con todos los suministros básicos garantizados, incluyendo luz, agua y alimentación, insistiendo en que "están mejor allí que bajo un techo con riesgo de caerse". Sin embargo, la falta de coordinación entre la administración local y la Mesa del Tercer Sector ha sido la tónica dominante. Entidades como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Cepaim o Andalucía Acoge han denunciado que la información ha fluido "con cuentagotas, confusa y a posteriori".

La brecha entre las instituciones y la sociedad civil organizada se ha hecho especialmente patente en la misma puerta de Los Grillos. Mientras en el interior del recinto las asistentas sociales municipales elaboraban los listados y asignaban los módulos, a los voluntarios de las ONG no se les ha permitido franquear la barrera de seguridad. Han tenido que coordinarse entre ellos en la calle, limitando su labor a descargar las pertenencias en la entrada y observar de lejos cómo los migrantes intentaban asimilar su nueva realidad.

A pesar de que el Consistorio defiende la existencia de una mesa de coordinación mensual entre Seguridad, Urbanismo y Servicios Sociales, las organizaciones insisten en que los desalojos sin garantías sociales suficientes y sin una planificación conjunta generan una mayor vulnerabilidad. Reclaman información anticipada y un enfoque que busque soluciones estructurales a la infravivienda, más allá de intervenciones de urgencia.

Por el momento, los migrantes afectados continúan inmersos en la agotadora tarea de reconstruir sus rutinas dentro de unos módulos prefabricados de chapa. Los trabajadores sociales advierten que el verdadero impacto de este desalojo aún está por llegar. Concentrados en recuperar sus enseres y asegurar un lugar donde dormir, el shock emocional y psicológico derivado de perder el que, hasta ayer, era su único hogar, permanece en suspenso, esperando aflorar cuando el polvo de la mudanza finalmente se asiente.