Sergio Fernández, padre del pequeño Sergio, llega a Alcolea para atender a los medios.

 Impotencia. Es lo que transmite la cara de Sergio Fernández, el padre de Sergio, el pequeño de 7 años muerto el pasado jueves a manos de su madre, Ana María B.L. El hombre asegura haber hecho todo lo posible para que su hijo acabase mal, aunque reconoce que nunca imaginó que podría llegar a producirse tan fatídico desenlace. Diez denuncias ante distintas instancias, unos mensajes de voz remitidos el 23 de septiembre por el menor a su abuela en los que le decía que Ana María le estaba pegando y que le dijese a su padre que le hacía daño... Para Sergio, nadie acudió en su ayuda mientras pendía sobre él la espada de Damocles de otra posible denuncia por violencia de género.

“La madre amenazaba al niño con que se lo iba a llevar. Pensaba que eso es lo que iba a hacer, que se lo iba a llevar por ahí y no iba a volverlo a ver (...) El niño tenía miedo de no volverme a ver”, manifestaba este miércoles ante los medios en una comparecencia en Alcolea, junto a su abogada, Josefa Antonia Castillo. “Nunca pensé que iba hacer lo que ha hecho, pero más miedo que tenía el niño, imposible”, insistía el progenitor.

El 14 de junio fue el punto de ruptura. En febrero de este año fue absuelto tras ser juzgado por unos supuestos malos tratos denunciados por Ana María y en abril la sentencia ya había sido notificada a todas las partes. A partir de entonces, cuando ya no pesaba sobre él una orden de alejamiento, la que había sido su pareja comenzó a “acosarlo”. Fue entonces, a mediados de junio, cuando esto se volvió “insoportable” y denunció ante el Instituto Armado esta situación. Y con ésta llegaron hasta diez más en las que se indicaba que Sergio no iba al colegio, no recibía los alimentos a su hora, que no estaba a gusto con su madre ni está lo cuidaba o lo atendía.

“Cuando se denuncia, ante la Guardia Civil o ante el juzgado de guardia, máxime con un menor, que menos que se investigue”, planteaba ayer el padre, quien también aseguraba el sistema de protección de menores de la Junta andaluza “no sirve para nada”. “Menores también se inhibió porque el niño no estaba en desamparo, porque tenía un padre pero ¿para qué? Para poner una denuncia y tener que quedarme al margen, sin poder hacer nada”, añadía.

Sergio Fernández junto a su abogada, Josefa Antonia Castillo.

Peor aún, el propio 10 de octubre, cuando el menor moría presuntamente a manos de su madre, una trabajadora social de Huércal de Almería, donde residía el pequeño con Ana María, le comunicó que no había realizado un informe solicitado tras la denuncia presentada en junio, añadiéndole que “tenía casos más graves” que el suyo. Precisamente, este informe era reclamado por el padre para presentarlo en un nuevo juicio que declarase firmes las medidas urgentes acordadas tras la vista del 4 de octubre que le concedían la guarda y custodia de su hijo. “No se hizo nada”, reiteraba.

“Hemos dado todos los pasos necesarios, cada vez que ha pasado algo hemos ido a poner una denuncia ante la Guardia Civil, la Policía Nacional o al Juzgado de Guardia (...) A mí del juzgado me desalojaron”, lamentaba, apostillando a su vez que en su caso, por “ser un hombre y además tener el agravante de una denuncia por malos tratos anteriores, aunque salí absuelto, cuando iba a poner una denuncia me decían que no iba a valer para nada, que lo que tenía que hacer era guardarme de que ella quisiera denunciarme a mí”.

Su abogada no duda de la imputabilidad de la detenida, y subrayaba que de lo que se habla en este caso es de “un señor que estaba siendo acusado, que puso denuncias por ese acoso, que tenía un hijo y ha puesto denuncias por determinados hechos y nunca se ha actuado con la rapidez con la que se debía actuar”. Por ello, ha apuntado que se estudiarán las medidas que procedan para reclamar “en su momento”.“Estamos aquí porque puede haber otro niño en estas mismas circunstancias”, ha añadido, recalcando que el padre ha sido el que “ha intentado proteger por todos los medios a su hijo.” “Hay que actuar con rapidez y eficacia cuando se trata de un menor, por parte de todos los servicios que existen para esa protección”. Tanto Sergio Fernández como su letrada coincidían en señalar la necesidad de que se “depuren responsabilidades”.