Ocho condenados por trasladar a distintos puntos de Europa a migrantes llegados en patera

La Audiencia de Almería ha condenado a ocho personas integrantes de una red que participó entre septiembre de 2022 y julio de 2023 en el tráfico de inmigrantes irregulares llegados en patera por el litoral almeriense para su posterior traslado a otras partes de España y Europa, especialmente Alemania.

Según la sentencia, los acusados actuaron junto a otras personas no enjuiciadas para recoger, alojar y trasladar a inmigrantes en situación irregular que llegaban en patera por el litoral almeriense, principalmente a las zonas de San José y San Isidro, en Níjar (Almería), organizando su posterior desplazamiento a otras partes de España y Europa.

El grupo mantenía contactos con colaboradores asentados en Argelia, con quienes coordinaban las salidas clandestinas por mar. Una vez en tierra, los inmigrantes –mayoritariamente de origen sirio– eran recogidos y alojados de forma provisional, pactando el precio del traslado mediante el sistema informal de transferencias Hawala o a través de empresas como Ria y Western Union.

E.M.F., nacional de Marruecos en situación administrativa regular, asumió un papel organizador, gestionando contactos, rutas, vuelos, alojamientos, pagos y desplazamientos. Utilizaba varios teléfonos y vehículos y se encargaba personalmente de transportar a los migrantes, incluyendo traslados hasta el aeropuerto.

Además de los cinco principales procesados, el tribunal ha considerado acreditada la participación puntual de otros tres acusados: A.C., que alquiló garajes en El Barranquete por 250 euros al mes para alojar a los recién llegados; Y.B., que prestó su vivienda y los mismos garajes para acogerlos, y Y.O.K., que facilitó una tarjeta bancaria para alquilar vehículos, realizó reservas de vuelos y colaboró en la logística de los traslados a Alemania.

Tres de los acusados alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, lo que les permitió beneficiarse de una reducción de penas, y uno ha sido puesto en libertad al considerar el tiempo ya cumplido en prisión preventiva.

Otros dos no reconocieron los hechos, pero sus abogados, los penalistas Piedad Moreno Martínez y Antonio Camino Marinetto, lograron finalmente que fueran condenados a las penas mínimas de 10 meses de prisión, muy por debajo de los siete años que solicitaba inicialmente el Ministerio Público para cada uno de ellos.

La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).