Ofensiva legal del 'clan de Fines': El alcalde denuncia una "inquisición general" y su hijo pide anular su detención
El regidor Rodrigo Sánchez Simón recurre el "poder omnímodo" otorgado a la UCO para investigar su vida entera sin límites temporales
El auto que sacude la Diputación de Almería: la caída del "dentista", el blanqueo familiar de fondos y la aquiescencia de Javier Aureliano
Una semana después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrara sus viviendas y empresas, la defensa del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, y de su hijo, el empresario Rodrigo Sánchez López, ha iniciado el contraataque jurídico. Lejos de una postura pasiva, el letrado de la familia, Alfredo López Hidalgo, ha presentado este lunes dos contundentes escritos ante el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Almería en los que solicita nulidades y denuncia graves vulneraciones de derechos fundamentales, calificando la instrucción de "prospectiva" y propia de una "inquisición general".
La estrategia de defensa busca desmontar los cimientos del operativo desplegado el pasado 18 de noviembre, atacando tanto la obtención de pruebas digitales (en el caso del alcalde) como la legalidad de las detenciones (en el caso de su hijo).
El alcalde: "Un poder omnímodo a la Guardia Civil"
El recurso más duro es el presentado por el alcalde de Fines. Sánchez Simón ha impugnado el Auto del juez Eduardo Martínez Gamero alegando que las autorizaciones para clonar sus teléfonos y ordenadores son ilegales por ser excesivamente genéricas.
Según el escrito de defensa, el magistrado ha otorgado a los investigadores un "poder omnímodo" para "registrar la totalidad de la vida" del regidor. La queja principal reside en que la orden judicial no establecía "filtros, palabras clave ni acotación temporal".
"Se trata de una autorización genérica que no pondera las circunstancias específicas", reza el recurso. La defensa argumenta que, al permitir el volcado total de los dispositivos, la UCO tiene acceso a conversaciones privadas, fotos familiares y archivos de su actividad como alcalde que nada tienen que ver con la causa de las mascarillas o los contratos de obras investigados.
Para el abogado, esto constituye una "investigación prospectiva" —conocida en el argot jurídico como fishing expedition o "salir a pescar"—, una práctica prohibida en el derecho español que consiste en investigar a una persona "por si acaso" se encuentra algún delito, sin indicios concretos previos. Por ello, el alcalde ha solicitado subsidiariamente que, si no se anula todo el auto, se anulen y dejen sin efecto las pruebas tecnológicas obtenidas bajo estas premisas.
"Detención sin cobertura legal"
Por su parte, el hijo del alcalde y administrador de hecho de las empresas bajo sospecha (como OYC Servicios Urbanos), ha centrado su recurso en la forma en que fue privado de libertad.
Su defensa ha solicitado la "nulidad de pleno derecho" de su detención. El argumento es técnico pero trascendental: el Auto del 17 de noviembre autorizaba la entrada y registro en sus propiedades, incluso el uso de la fuerza para abrir cajas fuertes, pero "no contenía una autorización anticipada para detener a los investigados".
El escrito denuncia que la Guardia Civil detuvo al empresario "con carácter previo al inicio de la diligencia de entrada y registro" y "a priori", sin tener un mandato judicial expreso para ese arresto en ese momento exacto. La defensa considera que esto vulneró el artículo 17 de la Constitución Española (derecho a la libertad) y generó una indefensión total, ya que no pudieron recurrir una orden de detención que, sobre el papel, no existía.
La defensa exige ahora que el juzgado libre oficio a la UCO para que la unidad de élite de la Benemérita explique en un "informe detallado" bajo qué amparo legal decidieron esposar al detenido antes de comenzar los registros.
Batalla por las pruebas
Estos recursos marcan el inicio de la batalla procedimental en la pieza separada que investiga la presunta trama de corrupción en la Diputación. Si la defensa lograra que el juez —o posteriormente la Audiencia Provincial— anule el clonado de los móviles por considerarlo "prospectivo" o declare ilegal la detención, podría invalidar gran parte del material incriminatorio recopilado por la UCO, poniendo en jaque el futuro de la instrucción judicial sobre la trama del Almanzora.
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