Patricia Ramírez denuncia amenazas de muerte de Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo

La madre de Gabriel Cruz asegura que Quezada habría dicho en prisión que la quiere matar

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz: "No vivo; no me dejan vivir"

Patricia Ramírez en la rueda de prensa de este miércoles.
Patricia Ramírez en la rueda de prensa de este miércoles. / Ivan Ivanov

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en Las Hortichuelas en 2018, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para denunciar diferentes irregularidades dentro de la prisión donde cumple condena Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo.

Entre las revelaciones más graves, Patricia ha asegurado que Ana Julia Quezada habría llegado a decir que la “quiere matar”. “Según las fuentes que me llegan, se la ha escuchado no solo hablar mal de mí, sino llegar a decir delante de otras personas que sí, que me quiere matar”, ha declarado, visiblemente afectada.

También ha denunciado que, según esa misma información, Quezada podría estar utilizando su notoriedad pública para obtener beneficios penitenciarios. “Tengo la sensación de que, si esto de los traslados es verdad, por su notoriedad pública ella pueda estar utilizándola dentro de prisión para conseguir determinadas cosas, chantajear o hacer ‘true crime’…”, ha dicho.

La madre de Gabriel ha cuestionado que se le dé tanta cobertura mediática a personas condenadas por delitos tan graves: “¿A costa de qué se le está dando tanta fama a estos asesinos? ¿A qué precio? ¿Para vender nuestra amargura como espectáculo?”.

Patricia Ramírez recuerda que el procedimiento actual se inició con una denuncia suya. Sin embargo, lamenta que no se le haya permitido aportar todo lo que sabe: “Si este procedimiento empieza por una denuncia mía, y saben que tengo acceso a esas fuentes y me está llegando mucha más información, no entiendo que nadie me atienda. Yo he sido quien ha destapado esto”.

Afirma con rotundidad que “la situación de vulneración de derechos y de no asistencia institucional y policial está más que justificada”. “El Estatuto de la Víctima dice que los cuerpos de seguridad y las administraciones judiciales han de hacer evaluaciones antes, durante y después del procedimiento para protegernos y evitar la revictimización. Y esto no se está cumpliendo”, ha dicho.

Además, denuncia que no se le ha informado con claridad sobre el estado de las diligencias abiertas contra funcionarios penitenciarios: “Desde Ávila me llegaba la información de que se había procesado a dos funcionarios. Yo no tengo constancia de que haya dos; solo de uno. Y del resto no se me ha dado ninguna explicación”.

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