"No pedimos indemnización económica, sino identificar al responsable de la muerte de mi hijo"

La familia del niño que falleció presentó una querella criminal contra el centro sanitario donde ocurrieron los hechos el día 3 de febrero de 1998. Los padres del pequeño Salvador Sánchez acusaron a los responsables del hospital de Poniente imprudencia temeraria con resultado de muerte.

El abogado de la familia pidió entonces que el titular del Juzgado nº 3 de El Ejido llamara a declarar a la médico que supervisó el proceso postoperatorio, ya que las sospechas se centraban en los momentos inmediatos y posteriores a la intervención quirúrgica del pequeño en el hospital de El Ejido.

El niño entró en coma el día 3 tras ser operado de vegetaciones y falleció. Aunque fue trasladado urgentemente desde el hospital de Poniente hasta el hospital de Torrecárdenas, en la capital, su situación era irreversible y falleció pocas horas después. Aún, cuando no se sabía el resultado de la autopsia médica, la familia ya había decidido pedir informes periciales al forense Luis Frontela para incorporarlos a la causa.

Desde el hospital de El Ejido descartaron que la muerte del niño, que tenía 6 años de edad, se debiera a una negligencia o a un error en la administración de la anestesia. La familia donó los órganos del pequeño, cuyo cuerpo fue sometido a dos autopsias, una médica y otra judicial.

Los padres aseguraron en su día que en la querella no pedían una indemnización económica sino la identificación del responsable de la muerte de su hijo, menor de seis años, tras una operación de vegetaciones.

Después de once años, el juicio ha vuelto a aplazarse y la pediatra, identificada con las iniciales P. I. M. para la que la acusación solicita dos años de prisión y tres años de inhabilitación profesional, continúa su labor profesional en otro hospital, en este caso un centro privado de la capital.