El agua es al mismo tiempo un derecho y una responsabilidad. Tiene valor económico, social y ambiental. Por sorprendente que pueda resultar tras el escándalo, así lo recoge una de las memorias anuales con las que suele hacer balance de actuaciones la sociedad estatal Acuamed, la de 2011, ejercicio en el que entró en funcionamiento la desaladora del Bajo Almanzora, una planta que se encareció por encima de los 77 millones de euros, si bien su presupuesto inicial con el que se adjudicó cinco años antes era de unos cuatro menos. No hay grandes diferencias, no llega a triplicar su precio como ocurrió con la de Carboneras en una más que controvertida adjudicación de la extinta sociedad Acusur, si bien hay un contrato para obras complementarias firmado años más tarde del inicio del trabajo, por valor de casi ocho millones, que sitúa a la planta de Villaricos en el epicentro de la trama por la que la Guardia Civil, siguiendo en todo momento las directrices de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, ha descabezado a la empresa pública dependiente del Ministerio de Medio Ambiente por presunto fraude millonario al amañar los concursos e inflar las facturas para generar mayores beneficio a las constructoras a cambio de comisiones. Así queda reflejado en las investigaciones que desde hace un año realiza la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como consecuencia de la denuncia, tras su cese, del que fuera director de ingeniería de Acuamed, Francisco Valiente. En el listado de contrataciones irregulares también aparecen, si el secreto decretado por el juez impide concretar el expediente, las conducciones desde la planta de Carboneras al Almanzora por el supuesto cambio de material con el que se volvieron a inflar los costes. El fraude en su conjunto podría superar los 20 millones de euros y tiene como principales focos fuera de la provincia media docena de concursos entre los que está el de la desaladora de Torrevieja, el embalse de Flix en Tarragona, la mejora del drenaje en Rambla Gallinera (Valencia), el acondicionamiento en Gandía del río Serpis y las redes de los pueblos alicantinos Mutxamel y Campello.

La planta del Bajo Almanzora en el foco de la trama por la que ayer cesaron al director general y a la directora de Ingeniería de Acuamed, Arcadio Mateo y María Gabriela Mañueco, sólo estuvo en funcionamiento unos meses. Se inauguró en septiembre de 2011, tras el pertinente periodo de pruebas y otros despropósitos que retrasaron la fabricación de recursos, para terminar siendo arrasada un año más tarde por las riadas de la gota fría. Abrió el grifo de millones a las empresas adjudicatarias, el del agua sigue cerrado a las poblaciones a las que debía estar abasteciendo con 20 hectómetros cúbicos. Desde su desmantelamiento ha estado sin arreglarse debido al litigio de la sociedad estatal con la UTE a la que la adjudicó. Es más, consta en la investigación policial que no se obligó a la concesionaria a contratar el pertinente seguro, por lo que el Gobierno ha tenido ahora que asumir el coste de las obras de reparación. En 2014 se presupuestaron 8,7 millones que no se ejecutaron, otros 11,5 para 2015 y se han previsto ahora 22,5 para el ejercicio en curso si bien nadie ha desvelado aún cuando será el inicio de obras. Todo un esperpento en la gestión de las infraestructuras hídricas que se ha venido repitiendo desde hace más de una década. En Almería se han rentabilizado muy poco, ya sea en abastecimiento de los pueblos como de los regadíos, las costosas actuaciones del negocio millonario del agua. Los grandes beneficiarios, por no decir los únicos, han sido los contratistas y constructores de las faraónicas obras cuyos plazos de ejecución y gastos iniciales se han estirado al máximo. La del Bajo Almanzora es sólo un ejemplo, más allá de las irregularidades detectadas en los sucesivos contratos de obras complementarias y modificados.

El programa AGUA nació tras la derogación del trasvase del Ebro a principios de 2005. Se le encomendó a la sociedad estatal una docena de actuaciones con las que paliar el déficit hídrico de la provincia valoradas en torno a los 520 millones de euros. Una década después se han invertido más de 700 y no se han logrado ni la mitad de los 117 hectómetros cúbicos con los que compensar el fallido trasvase desde cuencas excedentarias. Es más, no están ya catalogadas obras que antes sí aparecían como la compra de la desaladora de Rambla Morales o las desalobradora de Adra y la Balsa del Sapo. Desaparecieron del mapa de Acuamed y otras van y vienen como la conducción de la planta de Carboneras al campo de Tabernas. La única que se ha puesto en marcha ha sido la del Campo de Dalías, si bien también se encareció en casi un 25% por una serie de modificados hasta los 144 millones. Al menos está ya funcionando, a la espera de la rebaja de costes que reclaman los regantes almerienses.

La desaladora de Carboneras fue un despropósito en ejecución y planificación y no abrió el grifo hasta años después de concluirse la instalación. Los 88 millones de presupuesto inicial se dispararon por encima de 250, al incluir las conducciones hasta los depósitos y núcleos que inexplicablemente no se habían previsto. El triple de lo licitado. Y aún así, la exministra Cristina Narbona no quiso tirar de la manta cuando presentaron los técnicos informes sobre las graves deficiencias. Reconoció un sobrecoste de 45 millones y presionó a Endesa para que asumiera la explotación aún sabiendo que la planta se iba a estrenar, por ejemplo, con motores de impulsión que se calentaban.