La justicia almeriense ha asestado un duro varapalo penal al histórico al clan de Los Antones como una de las organizaciones más importantes del narcotráfico a gran escala en la provincia. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha dictado una sentencia para el cabecilla y tres de sus lugartenientes que suman penas de más de 26 años de prisión y multas por importe superior a los dos millones de euros por delitos contra la salud pública, defraudación del fluido eléctrico, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas. Un fallo contundente del tribunal presidido por la magistrada Társila Martínez Ruiz para la causa procedente del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería que ha tenido en cuenta la peligrosidad de los acusados, la elevada cantidad de droga que superaba un valor de mercado de 400.000 euros, la duración de la actividad delictiva y la disposición de armas de fuego por parte de un clan implicado en los tiroteos de El Quemadero en 2007 y El Puche en 2015 que se saldaron con un fallecido y una niña herida.

En el marco de la Operación Corso de la Policía Nacional de Almería fueron detenidos ocho integrantes de esta organización en julio de 2019 y cuatro entraron en prisión preventiva. Después de dos años de investigaciones y pesquisas, de escuchas telefónicas y seguimientos a los implicados, los agentes de la Comisaría de Almería tenían suficientes pruebas para asestar una estocada mortal al histórico clan asentado en el Poniente y caracterizado por recurrir a la violencia e intimidación para proteger su actividad delictiva. Las periciales acreditaban ante la justicia que los condenados se dedicaban al cultivo, adquisición y posterior venta de grandes cantidades de marihuana.

Durante la operación fueron localizadas cuatro plantaciones en la barriada del Cosario en Vícar, así como dos 'guarderías' de droga en las que se empaquetaba al vacío la marihuana para su posterior distribución en el mercado europeo a través de camiones. No sólo la producían, sino que además adquirían partidas provenientes de otros puntos de Andalucía y el Levante para enviarlas por sus canales de comercialización. El líder del clan y sus tres hombres de confianza son los que materializaban y escoltaban los portes de droga por los que acabarán en prisión.

La sentencia de la Audiencia Provincial condena a Antón S.H., Justo U.H. y Antonio Christopher M.M. a tres años y seis meses de prisión cada uno por un delito contra la saluda pública que se eleva a cuatro años de prisión para Rubén Iván R.R. al concurrir el agravante de reincidencia. Además, tendrán que hacer frente a multas individuales de 500.000 euros que suman dos millones en su conjunto. El fallo también dicta quince meses de prisión para cada uno de los cuatro procesados por un delito de pertenencia a organización criminal, que se acogieron a su derecho a no declarar tanto en sede policial como en la primera comparecencia ante el juez en instrucción.  

Por la tenencia ilícita de armas se condena a Rubén Iván R.R., Justo U.H. y Antonio Christopher M.M. a un año y ocho meses de prisión cada uno, que asciende a dos años para el cabecilla de la organización, Antón S.H. por el agravante de reincidencia. También han sido condenados los cuatro integrantes del clan de Los Antones a multa de seis meses con cuota diaria de 12 euros por un delito de defraudación del fluido eléctrico y se acuerda del comiso de la droga intervenida, los efectos, dinero y vehículos, así como las armas. La Audiencia Provincial absuelve a otros tres acusados de los delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal por los que fueron detenidos en la operación policial y han sido enjuiciados. Hacían funciones de vigilantes y jardineros de las plantaciones por sus vínculos familiares con la trama, si bien no han tenido reproche penal en esta ocasión.

Detención de uno de los integrantes del clan de Los Antones

La justicia considera hechos probados que los cuatro implicados formaban parte desde enero de 2019 de una red de tráfico de drogas que materializó el cultivo de marihuana en inmuebles de Vícar para su posterior distribución. Durante la Operación Corso se realizan once registros en los que se intervinieron 9.000 euros en efectivo, nueve vehículos de alta gama adquiridos con los beneficios de la venta de droga, 13 armas de fuego automáticas y semiautomáticas con su respectiva munición, equipos de transmisión, chalecos de uniformidad de la Policía Local de Roquetas y 130 kilos de marihuana envasados al vacío.

Ninguno de los detenidos tenía licencia de armas y en el caso del cabecilla se da la circunstancia de que ya ha sido condenado en tres ocasiones por tenencia ilícita. Antón S.H. tiene un dilatado historial delictivo y con anterioridad a la Operación Corso fue detenido en junio de 2018 en Sevilla al estar en búsqueda por un delito de falsedad documental. En ese momento portaba un DNI falsificado, si bien era fácilmente reconocible después de que sus vídeos en las redes sociales en los que amenazaba a clanes rivales fueran difundidos por televisiones de ámbito nacional.

Con anterioridad, Los Antones habían sido protagonistas del tiroteo en el barrio de El Puche en el que resultó herida una niña el 22 de junio de 2015. Tres de sus miembros dispararon desde un vehículo contra uno de los clanes rivales, el de los Sheriff. Los cinco detenidos solo tuvieron que afrontar multas económicas porque las penas de prisión ya se habían saldado prácticamente con el ingreso provisional y oscilaban entre dos años y medio el que más y el año y nueve meses del que menos. El tiroteo de El Quemadero sí tuvo mayores consecuencias judiciales porque falleció un hombre de 43 años, conocido como 'Bruce Lee', el 1 de agosto de 2007.

El Tribunal Supremo confirmó en julio de 2017 la sentencia que condenaba a 14 años y medio a uno de Los Antones por delito de homicidio, lesiones agravadas y tenencia ilícita de armas. 24 años y tres meses sumaron las condenas para los seis detenidos de los clanes rivales, entre los que aparece Antón, hoy cabecilla, que ha venido cambiando de domicilio asiduamente para eludir el cerco policial. Además, según consta en la investigación de la Operación Corso, emplearon medidas de seguridad para los seguimientos como circular a velocidades excesivas o dar reiteradas vueltas en las rotondas y saltarse semáforos en rojo.