Mercado laboral
  • Seis de cada diez funcionarios corresponden a la Junta, 19% ayuntamientos y 19% Estado

  • A principios de siglo (2002) eran 30.189, un 14% de trabajadores y 36.147 en 2012 (15,3%)

La provincia ya tiene 38.502 empleados públicos, un 12% de la población activa

Trabajadoras del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la oficina provincial Trabajadoras del  Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la oficina provincial

Trabajadoras del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la oficina provincial

Escrito por

· Iván Gómez

Redactor Jefe

El empleo público es una garantía de futuro para todos los perfiles profesionales, con independencia de la formación, edad o situación personal, una opción laboral que ha dotado siempre de seguridad y estabilidad a los que conseguían sacarse unas oposiciones. La cifra de aspirantes ha venido creciendo en los últimos años, al igual que las plazas que se ofertaban en las administraciones públicas estatal, regional y locales. La plantilla de funcionarios de los últimos años no ha dejado de crecer en Almería y hoy se sitúa en su registro más alto en la historia, por encima de los 38.500. Sin embargo, la cuota de mercado que representan, en relación al conjunto de afiliados a la Seguridad Social, es inferior a la que alcanzaron en otras épocas como la posterior a la crisis de la construcción hace poco más de una década cuando eran el 15% del conjunto de trabajadores.

En la provincia de Almería a principios de siglo había 30.189 efectivos en las administraciones públicas (15.525 al servicio de la autonómica, 6.010 en la estatal, 7.509 en las locales y otros 1.145 en universidades), un 14% de la población activa que en esa fecha la formaban 214.086 almerienses. En 2006 la cifra de funcionarios crece hasta los 34.752, por el tirón de nuevas plazas en la Junta que ya eran 18.896, concentrando el 13% de los ocupados. En julio de 2012, cuando todavía era fuerte el impacto de la crisis en el mercado laboral almeriense, los empleados públicos seguían aumentando y se situaban en 36.147, alcanzando el techo de representatividad por encima del 15% de trabajadores.

Cuatro años más tarde, en julio de 2016, la cifra cae por primera vez a las 34.645, de los que 19.288 corresponden a la administración regional, 6.907 a las locales, 7.205 a la estatal y 1.245 a la UAL. Un año antes de la pandemia, en julio de 2019, vuelven a experimentar un incremento los trabajadores de lo público en Almería y alcanzan los 36.627 plazas, de las que 21.839 son de funcionario, 8.395 de personal laboral y 6.393 del resto de contratos. Y el último registro data de julio del pasado año cuando, según los datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en Almería se contabilizan 38.502 contratos, de los que 7.285 trabajan para el Estado, 23.536 para la Junta -ya se incluyen los de universidades- y 7.681 para las locales.

Los funcionarios de carrera son 23.067 en Almería, 7.156 en la categoría de personal laboral y 8.279 del resto de contratos

En base a la tipología de los empleados, la estructura es la siguiente: 23.067 son funcionario de carrera, 7.156 personal laboral y 8.279 el resto de contratos. Teniendo en cuenta que la cifra de afiliados en todas los regímenes alcanza los 322.310 a principios de febrero (incluidos los 61.580 autónomos), el empleo público que se está aproximando a las 40.000 plazas tiene menor representación sobre el conjunto de trabajadores al acaparar un 12% de los ocupados. 

Esta proporción de personas que trabajan en el sector público en Almería es inferior a la media nacional que en el último mes se ha situado por encima del 17% con una plantilla que por primera vez en la historia de España está por encima de los 3,5 millones. En otros países europeos, según los datos del Eurostat, el empleado público representa el 29% de los ocupados en Suecia, el 23% en Croacia y Estonia, el 14% en Italia, el 12% en Países Bajos y el 11% en Alemania. La nómina de los funcionarios ha subido este año un 2,5% que podría crecer en un 1% más en función del IPC y del PIB nominal. De cara a 2024 se ha previsto un incremento salarial directo de al menos otro 2%, por lo que el sector público ya habría recuperado los derechos laborales recortados en 2012 como consecuencia de la crisis económica. 

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