La reforma local, ¿fórmula de progreso o desmantelamiento?

En enero entró en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, popularmente conocida como Reforma Local. Esta ha tenido -y tiene- sus detractores y aquellos que la defienden. El Gobierno pretende eliminar de una vez para siempre la duplicidad de competencias, detallando el cometido de cada administración, reducir el gasto y que asegurar la financiación de los servicios que se presten. Los ayuntamientos dejan participar en la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como de inspección y control sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y bebidas.

Pero hay quien no está de acuerdo con el fundamento básico de esta ley por desposeer a los municipios inferiores de 20.000 habitantes de algunas de las competencias que le han hecho las administraciones más valoradas de nuestro país, pues los ayuntamientos apenas representan el 4% de la deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) y constituyen la fórmula de participación social más efectiva que existe debido a la cercanía.

Para debatir sobre estos puntos y algunos más, la Universidad de Almería alberga desde ayer unas jornadas sobre la modernización del régimen local en España, el primer Simposio de Actualización en Derecho Público y tercero en Derecho Administrativo. Las jornadas cuentan con la presencia de importantes políticos y académicos. El encargado de abrir los actos, ayer, fue el expresidente de la Junta de Andalucía, Él mismo se definió como un "ciudadano enfadado" por "este tipo de leyes" y señala que no le gusta la futura ley porque hace tabula rasa al situar a todos los ayuntamientos -los 8.114 que hay en nuestro país- como instituciones "despilfarradoras". Argumenta que "es cierto que ha habido casos como el de Marbella, pero no todos los ayuntamientos son corruptos y ese no debe ser el modelo para cambiar las cosas", ha señalado. Escuredo ha criticado también el carácter ideológico de la reforma planteada por el PP "que se está presentado como algo muy bonito, muy Walt Disney. Esta ley no cae del cielo para ajustar determinadas cuestiones. Aquí se va más allá. El 86% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes y la mayor parte de los concejales no cobran un euro por hacer su trabajo. Al final, las consecuencias las pagará la ciudadanía".

Sin embargo, Escuredo también tuvo su parte de crítica, en cuanto al fundamento de esta ley, para la izquierda: "El pecado original de esta Ley está en la izquierda, porque corrieron a abrir el portillo de la sostenibilidad para agradar a los señores de negro de la Unión Europea".

En cuanto al órgano que ahora acumula competencias, Escuredo hace su propia reflexión: "Las diputaciones tenían que haber desaparecido hace tiempo, sus competencias son las mismas que las de otras administraciones, pero servían para colocar a amigos de la política". El ex presidente de la Junta cree que cuando se vote en los municipios de menos de 20.000 habitantes, las decisiones no las estarán tomando sus representantes: "Van a elegir a sus alcaldes y concejales y las decisiones de política social las a tomar la diputación, entonces, ¿para qué votamos?. Sí se mostró partidario de la fusión voluntaria de los ayuntamientos y aseguró que con las tachas inconstitucionales "se va a poner en marcha una movida política de alcance".

A continuación, la palabra fue para Concepción Becerra, directora del Instituto Andaluz de Administración Pública, para quien la nueva ley traslada una realidad que no es tal: "Parece que venimos de panorama irracional y poco sostenible, de administración derrochadora y los datos son otros. Las administraciones locales han ahorrado en un año 6.000 millones de euros".

Para Juan Cano, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, "atendiendo al principio de seguridad jurídica, por argumentos de razonabilidad política, de simplificación administrativa y de economía de gasto público, la situación actual de abigarramiento institucional para el ejercicio competencial, ha de ser profundamente revisada".

"La reforma que actualmente se está elaborando debería dar solución a este problema endémico del mundo local, pero para ello ha de mediar la suscripción de un nuevo Pacto Local y la garantía de la suficiencia financiera para el ejercicio de las competencias descentralizadas", manifestó Cano.

Por su parte, Juan Francisco Pérez Gálvez, el codirector del encuentro junto con el presidente del Consejo Consultivo andaluz y profesor en la UAL, explicó que, entre otras cosas, la reforma presenta algunas lagunas importantes. Deja fuera de la regulación del ámbito local, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con zonas rurales, que agrupan al 35% de la población y que concentran el 90% del patrimonio cultural y natural de nuestro país. De alguna manera, con estas medidas de racionalización se imposibilita que los ciudadanos de estos municipios tengan medidas o alicientes para seguir asentados en este territorio".