Estos son los ocho detenidos e investigados en la nueva operación de la UCO en la Diputación de Almería

La Unidad Central Operativa (UCO) ha confirmado hoy a este periódico que la operación abierta este martes por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería suma ya ocho personas implicadas en la nueva fase del caso Mascarillas, tras incorporarse un nuevo investigado del que no han trascendido identidad ni relación con la trama. La investigación judicial que desde 2021 seguía la pista del polémico contrato de mascarillas adjudicado por la Diputación de Almería durante la pandemia ha dado este martes un salto cualitativo. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería abría este martes una segunda fase del caso que amplía el foco a diversos contratos públicos vinculados al Área de Presidencia, a Obras Públicas y, potencialmente, al Ayuntamiento de Fines. El resultado: cinco detenidos, tres investigados y registros simultáneos en diez inmuebles y una batería de medidas patrimoniales sin precedentes recientes en la provincia.

Entre los arrestados se encuentran tres figuras de máximo peso en la estructura del PP almeriense: el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García Molina; el vicepresidente y delegado del Área de Presidencia, Fernando Giménez; y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. A ellos se suman otros dos detenidos, entre los que se encuentra un técnico del área de Obras Públicas con bastante antigüedad en la institución y el hijo del alcalde de Fines, que ya había sido arrestado con anterioridad como su progenitor en la primera fase del 'caso Mascarillas'. Luego aparecen tres investigados más, uno de ellos el exvicepresidente y diputado Óscar Liria y dos empresarios contratistas cuya identidad todavía no ha trascendido. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegó la operación a primeras horas de la mañana con el registro de diez inmuebles: viviendas particulares, dependencias de la Diputación, oficinas públicas y sedes mercantiles de empresas que, según la investigación, habrían resultado beneficiadas de adjudicaciones bajo sospecha.

Según el TSJA, el auto judicial que autoriza los registros es taxativo: “Existen sospechas fundadas de la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”. El documento señala que los investigados habrían “colaborado o, cuanto menos, facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos” para favorecer a determinadas empresas que habrían pagado comisiones ilegales. Parte de estas adjudicaciones se vincularía a la Diputación y algunas podrían haberse ejecutado en Fines. En consecuencia, el PP de Andalucía ha ejecutado la suspensión cautelar de militancia del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Giménez y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, después de que los tres cargos fueran detenidos este martes por la Guardia Civil. La medida responde a la apertura de un expediente informativo por parte del Comité de Derechos y Garantías, activado tras conocerse la investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería por presuntas contrataciones irregulares.

Blanqueo y circuito financiero: la pista del dinero

Como novedad relevante, el juez apunta a que algunos detenidos no habrían intervenido en la adjudicación de los contratos, pero sí en la posterior canalización de los fondos ilegales “en el tráfico legal del dinero”, lo que encaja en la tipificación del blanqueo de capitales.

Esta línea abre la puerta a una ramificación económica del caso más compleja de lo que había trascendido hasta ahora, afectando tanto a cargos públicos como a particulares y empresas presuntamente utilizadas para mover el dinero de las comisiones.

El juzgado ha autorizado a la UCO a volcar, visionar y copiar comunicaciones privadas de los investigados —correos, dispositivos electrónicos y mensajería móvil— y ha ordenado una serie de medidas de aseguramiento patrimonial que afectan a:

• Cuentas bancarias y cajas de ahorro
• Cajas de seguridad
• Inmuebles y vehículos
• Operaciones de enajenación o transmisión de bienes

El objetivo es impedir la ocultación de patrimonio mientras avanzan las diligencias.

Un caso que empezó en 2021 y ahora se expande

En la causa ya figuraba como investigado el exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, detenido en 2021 por el contrato de mascarillas adjudicado en abril de 2020 por un importe superior a dos millones de euros.

Aquel expediente abrió la puerta al conocido caso 'Mascarillas', centrado inicialmente en el suministro de material sanitario durante la pandemia. Ahora, la ampliación judicial dibuja un escenario de trama más amplia que podría implicar redes de intermediación, obras y adjudicaciones no sanitarias.

Los detenidos, ante el juez el jueves

Los siete detenidos serán puestos a disposición judicial el jueves, salvo que el instructor decida extender las diligencias policiales.

La investigación permanece bajo secreto parcial y no se descartan nuevas detenciones ni nuevas líneas de análisis documental en la Diputación, Fines y empresas vinculadas.