Ya son siete los detenidos en una segunda fase del ‘caso Mascarillas’ en la Diputación de Almería

La investigación judicial que desde 2021 seguía la pista del polémico contrato de mascarillas adjudicado por la Diputación de Almería durante la pandemia ha dado este martes un salto cualitativo. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ha abierto una segunda fase del caso que amplía el foco a diversos contratos públicos vinculados al Área de Presidencia, a Obras Públicas y, potencialmente, al Ayuntamiento de Fines. El resultado: siete detenidos, registros simultáneos en diez inmuebles y una batería de medidas patrimoniales sin precedentes recientes en la provincia.

Entre los arrestados se encuentran tres figuras de máximo peso en la estructura del Partido Popular almeriense: el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García Molina; el vicepresidente y delegado del Área de Presidencia, Fernando Giménez; y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. A ellos se suman otros cuatro detenidos, cuyos nombres no han trascendido oficialmente, pero que estarían vinculados a la intermediación o al circuito económico de los contratos investigados.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegó la operación a primeras horas de la mañana con el registro de diez inmuebles: viviendas particulares, dependencias de la Diputación, oficinas públicas y sedes mercantiles de empresas que, según la investigación, habrían resultado beneficiadas de adjudicaciones bajo sospecha.

Según el TSJA, el auto judicial que autoriza los registros es taxativo: “Existen sospechas fundadas de la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”.

El documento señala que los investigados habrían “colaborado o, cuanto menos, facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos” para favorecer a determinadas empresas que habrían pagado comisiones ilegales. Parte de estas adjudicaciones se vincularía a la Diputación y algunas podrían haberse ejecutado en Fines.

Blanqueo y circuito financiero: la pista del dinero

Como novedad relevante, el juez apunta a que algunos detenidos no habrían intervenido en la adjudicación de los contratos, pero sí en la posterior canalización de los fondos ilegales “en el tráfico legal del dinero”, lo que encaja en la tipificación del blanqueo de capitales.

Esta línea abre la puerta a una ramificación económica del caso más compleja de lo que había trascendido hasta ahora, afectando tanto a cargos públicos como a particulares y empresas presuntamente utilizadas para mover el dinero de las comisiones.

El juzgado ha autorizado a la UCO a volcar, visionar y copiar comunicaciones privadas de los investigados —correos, dispositivos electrónicos y mensajería móvil— y ha ordenado una serie de medidas de aseguramiento patrimonial que afectan a:

• Cuentas bancarias y cajas de ahorro
• Cajas de seguridad
• Inmuebles y vehículos
• Operaciones de enajenación o transmisión de bienes

El objetivo es impedir la ocultación de patrimonio mientras avanzan las diligencias.

Un caso que empezó en 2021 y ahora se expande

En la causa ya figuraba como investigado el exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, detenido en 2021 por el contrato de mascarillas adjudicado en abril de 2020 por un importe superior a dos millones de euros.

Aquel expediente abrió la puerta al conocido caso 'Mascarillas', centrado inicialmente en el suministro de material sanitario durante la pandemia. Ahora, la ampliación judicial dibuja un escenario de trama más amplia que podría implicar redes de intermediación, obras y adjudicaciones no sanitarias.

Los detenidos, ante el juez el jueves

Los siete detenidos serán puestos a disposición judicial el jueves, salvo que el instructor decida extender las diligencias policiales.

La investigación permanece bajo secreto parcial y no se descartan nuevas detenciones ni nuevas líneas de análisis documental en la Diputación, Fines y empresas vinculadas.