El TSJA obliga a Agricultura a pagar 40.000 euros a un interino almeriense tras dos décadas de temporalidad

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado la decisión del Juzgado de lo Social número 3 de Almería y ha confirmado que la Junta de Andalucía deberá indemnizar con 40.888,27 euros a un trabajador de la Consejería de Agricultura que fue cesado tras ocupar una vacante durante casi 21 años.

La sentencia, fechada el pasado 27 de noviembre, rechaza el recurso de la Administración autonómica y pone fin a un litigio sobre la precariedad en el empleo público. El trabajador, identificado como Gustavo, comenzó a prestar servicios para la Junta en agosto de 2002 con un contrato de interinidad por vacante como titulado superior. Su relación laboral se mantuvo sin interrupción hasta el 2 de julio de 2023, fecha en la que fue cesado al cubrirse su plaza de forma reglamentaria mediante un proceso selectivo de estabilización.

La defensa de la Junta de Andalucía intentó evitar el pago de la indemnización alegando la existencia de "cosa juzgada". Según la Administración, el trabajador ya había reclamado en 2017 ser reconocido como personal indefinido no fijo, una petición que fue rechazada en firme por el propio TSJA en 2019. Sin embargo, la Sala de lo Social ha desmontado este argumento al considerar que desde 2017 hasta 2023 se generó un nuevo periodo de contratación que no había sido juzgado anteriormente.

El fallo subraya que la duración del contrato "supera con creces el trianual", llegando a las dos décadas, lo que evidencia una situación de abuso de la temporalidad que convierte la relación en indefinida no fija. Al producirse el cese por la adjudicación de la plaza a otro candidato, el tribunal aplica la doctrina del Tribunal Supremo que reconoce en estos casos una compensación de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

La Consejería argumentó también que las ofertas de empleo público de 2017 y 2019, bajo las cuales se cubrió la plaza, no contemplaban indemnizaciones. El TSJA ha desestimado igualmente este punto, recordando que el derecho a la reparación económica nace de la extinción de una relación abusiva de larga duración, independientemente de la normativa específica de la convocatoria de empleo. Además de la indemnización principal, la Junta ha sido condenada al pago de 450 euros en concepto de costas judiciales.