La UCO practica un nuevo registro en el Ayuntamiento de Fines

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado este miércoles un nuevo registro en el Ayuntamiento de Fines, dentro de la segunda fase del caso Mascarillas, la misma que provocó este martes la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García (PP).

Según fuentes próximas al caso, el operativo ha continuado hoy después de que ayer los agentes accedieran ya a las oficinas del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), también detenido. Esa entrada formó parte del despliegue que llevó a cabo diez registros simultáneos en viviendas particulares, dependencias públicas y sedes mercantiles vinculadas a empresas bajo sospecha.

La jornada ha permitido además confirmar la identidad del octavo implicado en la causa. La UCO ha señalado que se trata del exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria (PP), detenido en la primera fase del caso por su supuesto papel en el cobro de comisiones por adjudicaciones de material sanitario.

Fuentes de la investigación explican que, durante uno de los registros practicados este martes, los agentes detectaron nuevos elementos que relacionaban a Liria con una de las empresas investigadas, motivo por el que la instructora ha ordenado investigarlo de nuevo.

Con su incorporación, el procedimiento suma cinco detenidos —García, el vicepresidente Fernando Giménez, el alcalde Rodrigo Sánchez, su hijo y un técnico de Obras Públicas— y tres investigados, entre ellos Liria y dos empresarios.

Diez horas de registros y nueva documentación intervenida

Los registros, que se prolongaron durante más de diez horas, contaron con la dirección del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO.

El auto que los autorizó sostiene que existen “sospechas fundadas” de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, y apunta a posibles adjudicaciones fraudulentas desde la Diputación y, en algunos casos, desde el propio Ayuntamiento de Fines.

La instructora subraya que parte de los investigados no habrían intervenido directamente en la adjudicación de contratos, pero sí en la canalización posterior de fondos ilegales hacia el circuito económico, un comportamiento compatible con blanqueo de capitales.

El juzgado también ha autorizado a la UCO a volcar, visionar y copiar comunicaciones privadas relacionadas con los hechos, incluidas las almacenadas en dispositivos electrónicos de los implicados, y ha requerido documentación a la Diputación, al Ayuntamiento de Fines y a las empresas investigadas para reconstruir el recorrido de adjudicaciones y pagos.

Además, la instructora ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial, que afectan a cuentas bancarias, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles vinculados a los investigados.