Vox renunció a ejercer la acusación popular en el caso 'Mascarillas' de Almería
Este mismo martes el líder de Vox manifestó que en su formación iba a "hacer todo lo posible por personarnos como acusación popular"
La UCO practica un nuevo registro en el Ayuntamiento de Fines
Vox renunció a ejercer la acusación popular en el caso 'Mascarillas' de Almería al presentar en febrero de 2023 un escrito en el que pidió ser apartado del procedimiento y solicitó la devolución de la fianza de 15.000 euros consignada para personarse.
El escrito, firmado el 24 de febrero de 2023, fue admitido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, y la magistrada-jueza María Belén López Moya dictó providencia el 7 de marzo de 2023 en la que acordó tener por apartado del procedimiento al partido y dejó constancia de los recursos que procedían contra su decisión.
Según han apuntado a EFE fuentes judiciales, esta decisión por parte del partido de Santiago Abascal podría dificultar o impedir que se personase ahora en la segunda fase de la operación, en la que han sido detenidas cinco personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García (PP), e investigadas otras tres.
Todo ello a pesar de que este mismo martes el líder de Vox manifestó que en su formación iba a "hacer todo lo posible por personarnos como acusación popular" en esta nueva pieza separada que se centra ahora en posibles mordidas en las adjudicaciones de obras de la Diputación y el Ayuntamiento de Fines (Almería).
Además de García, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido en el marco de esta segunda fase al vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez (PP); al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP); al hijo del regidor y a un técnico de Obras Públicas. Han sido investigados dos empresarios y el exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, militante en su momento del PP.
Óscar Liria ha sido el último de los investigados, condición que adquirió después de que se encontrase una supuesta relación entre una de las empresas implicadas con su persona, durante uno de los diez registros desarrollados este martes en diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades.
Los registros se prolongaron a lo largo de más de diez horas y contaron con la dirección, entre otros, del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas.
Según el auto que autorizó los registros, la investigación mantiene sospechas fundadas de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales, y analiza si los implicados facilitaron adjudicaciones irregulares desde la Diputación y el Ayuntamiento de Fines a empresas a cambio de comisiones.
Los detenidos serán puestos previsiblemente a disposición judicial este jueves, mientras la Diputación mantiene la colaboración con las diligencias y el PP andaluz ha aplicado la suspensión cautelar de militancia a los cargos afectados.
A este asunto se ha referido este miércoles en Granada a preguntas de los periodistas el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, para subrayar el hecho de que algunos de los detenidos o investigados ocupen cargos institucionales "muy relevantes", en alusión al presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería.
Preguntado por los motivos por los que se han producido ahora las detenciones en el marco de una operación que se inició en 2021, ha indicado que se trata de un procedimiento judicial que instruye el Juzgado de Instrucción 1 de Almería y que, en ocasiones, del avance de las investigaciones judiciales y policiales se derivan actuaciones que amplían la investigación a otros hechos o personas o que hacen aconsejable hacer piezas separadas.
Según ha dicho, la previsión es que mañana jueves los detenidos pasen a disposición judicial.
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