Promesas de décadas, infraestructuras infrautilizadas y caras, sin soluciones a medio-largo plazo... y la situación empeora. Almería se seca, algo que se veía venir, y se pone en riesgo el consumo humano en muchos de sus municipios de interior, que año sí y año también dependen de la compra de esas famosas cubas para pasar los meses donde el sol se fija más horas en el cielo. Pero es que la escasez de precipitaciones se agrava debido al llamado cambio climático para los que prefieren tirar de eufemismo al señalar ese temible calentamiento global. Pero donde más se está sintiendo o más preocupación hay en esta provincia seca del suereste español es en el principal motor de su economía, donde se ha convertido en un recurso escaso y del que se ha aprendido a sacar su máximo partido. Tanto, que ahí están los datos. Por ejemplo, en Almería 1 hectómetro cúbico de agua es capaz de generar 5.297 euros, muy por encima del resto, pues Murcia genera 2.987 euros y la provincia supera, incluso, a comunidades como Aragón o Extremadura en cinco o seis veces más.

Pero los regantes almerienses piden, siguen pidiendo asegurar sus recursos y cubrir al menos necesidades, que aún hoy no se están cubriendo. Se estima que la agricultura padece un déficit hídrico que se registra entre los 160-190 hectómetros cúbicos anuales, según datos de la Mesa del Agua, integrada por responsables de comunidades de regantes pero también por representantes del tejido empresarial integradas en Asempal, que forma parte de esta institución de un par de años de vida.Loa agricultores están cansados de escuchar promesas. Necesitan agua a un coste accesible. Pues como siempre se repiten: “No por no vivir en una zona seca, dejamos de merecer el agua de otros lugares. El agua es un bien común”.

Reunión de diversos agentes económicos y de la agricultura de Almería para tratar el problema del déficit hídrico de la provincia de Almería.

Ahora vienen unas elecciones municipales y las distintas formaciones políticas están abordando esta problemática de manera muy superficial. Cierto es que las competencias empiezan en el Gobierno regional y acaban en el Central, pero tampoco lo es menos que los consistorios tienen ante sí una labor importante por delante para reivindicar, mediar e incluso conseguir que llegue el agua.

No hay más que ver el caso de Motril, en la vecina Granada. Este Ayuntamiento, a través de su Consejo Municipal Agrario, movilizó a miles de personas hace poco más de dos meses para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acometa las obras de las canalizaciones del sistema Béznar-Rules, cuya presa se construía en 2003, y cuya agua no están aprovechando los regantes de esta amplia zona. Y no solo eso, además de pedir esta infraestructura, este Ayuntamiento ya se ha manifestado rotundamente en contra de “trasvases o posibilidades de que el agua de Rules vaya a Málaga o Almería”. Una declaración de intenciones que fue arropada por el propio delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García, y que por el momento, en la Junta de Andalucía aún no se han ‘mojado’ para aclarar. En paralelo, se ha puesto la primera piedra del Pacto Andaluz del Agua, una norma que requiere de mucho consenso para su desarrollo pero cuyo objetivo es abordar cuestiones tan importantes como la planificación hidrológica, el régimen de las obras hidráulicas, la regulación del ciclo integral del agua de uso urbano y políticas de abastecimiento, saneamiento y depuración, de las aguas subterráneas, de las comunidades de usuarios, de los regímenes de prevención de inundaciones y sequías, de los caudales ecológicos de los trasvases, del régimen económico financiero del agua y régimen de infracciones son susceptibles de ser abordadas en el marco del pacto andaluz por el Agua, reza la proposición no de ley (PNL) aprobada. En definitiva, solidaridad entre todos y aprovechar todos los recursos disponibles y asegurar un reparto justo, en igualdad de acceso.

Ante la dramática situación que ya padecen los regantes de varias zonas productoras de la provincia, la Mesa del Agua ha reclamado a todas las administraciones competentes que demuestren la voluntad real de trabajar codo con codo con los afectados para estudiar urgentemente las soluciones necesarias a corto plazo. Y qué duda cabe que en este contexto, los ayuntamientos tendrán mucho que decir.