Déficit hídrico

Tijeretazo definitivo al trasvase Tajo-Segura

Los regantes se concentraron ante la Moncloa antes del Consejo de Ministros.

Los regantes se concentraron ante la Moncloa antes del Consejo de Ministros. / Europa Press

La decisión estaba tomada y ayer martes se ratificó en el Congreso de Ministros. Pese a la última intentona de los regantes, con una concentración en la propia puerta de la Moncloa, la ministra Teresa Ribera tenía claro que iba a aprobar los planes de cuenca, que suponen un tijeretazo al trasvase Tajo-Segura, si no su cese de actividad definitiva.

La propuesta del Gobierno contempla que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) suba de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027. El presidente del Sindicato central de regantes del trasvase Tajo-Segura, Lucas Jiménez, aseguraba en Madrid que este aumento del caudal ecológico supondrá la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo y 27.000 hectáreas de regadío.

“Estos recortes afectarán a los regantes del Levante y Almería, desaparecería del tablero de juego un agua que es muy equilibrada en todos los sentidos, tanto por su calidad como por su precio moderado, muy alejado del que pagan el resto del regadío español, estamos pagando en torno a los 18-19 céntimos. Según el Instituto Nacional de Estadística se está pagando una media de 3-4 céntimos por metro cúbico”, explicaba antes de la decisión del Consejo de Ministros.

Ribera asegura inversiones para agua desalada, reutilizada y eficiencia del regadío

Pasado el mediodía, comparecía la ministra para ratificar el tijeretazo al trasvase del Tajo-Segura, ante el desánimo generalizado de todos los regantes de Almería, Murcia y Alicante. El establecimiento de este caudal ecológico mínimo en el río Tajo se aplicará de forma progresiva y tiene como consecuencia el recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos de aquí a 2027.

“Creemos que debemos darnos tiempo para que las inversiones que se han iniciado ya y sobre las que queremos seguir apostando en estos años, permitan disponer de recursos adicionales”, argumentaba Teresa Ribera.

De esta manera, la vicepresidenta explicaba en la rueda de prensa que “en el peor de los escenarios”, la reducción máxima del agua que se podría llegar a trasvasar está entre 70 y 110 hectómetros cúbicos, y la inversión en desaladoras y eficiencia en regadíos, entre otras, permiten disponer como mínimo de 140 hm3, “un volumen superior al agua que se dejaría de poder trasvasar”.

La medida caía como una losa ante regantes levantinos, todavía concentrados ante la Moncloa, que tienen pensado acudir al Tribunal Supremo para denunciar el recorte del trasvase Tajo-Segura, que dejará con menos agua a los campos del levante español. “La ministra se ha puesto de espaldas de propios y extraños”, consideraba Jiménez (Scrats), quien vaticina “meses largos de lucha en los tribunales” y, a partir de ahora, de comunicación a los 81 pueblos con regantes en el Segura, a los que explicarán uno a uno lo que supone la decisión de “esta ministra a la que le ha podido más la visceralidad”.

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