En el monte, la sequía provoca que sólo haga falta una chispa para que un incendio campe a sus anchas y provoque enormes pérdidas naturales si no humanas. En la España seca, ese mismo mixto aviva la guerra por el agua, el bien natural más preciado que va a perder en grandes cantidades el levante español una vez que el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado para su valoración el nuevo Plan del Tajo, pese a tener en contra a tres comunidades, Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, ésta última de su mismo color político.

El pasado miércoles, miles de regantes, agricultores y profesionales del campo expresaron su indignación a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su indignación y su asfixia, puesto que un campo ya seco de por sí, resquebrajado por la falta de lluvia, puede terminar de marchitarse ante la pérdida de 105 hectómetros cúbicos de agua (78 hm3 menos para regadío y 27 hm3 menos para abastecimiento) que llegaba trasvasada desde el Tajo a la cuenca del Segura.

Llegados desde la pueblos almerienses como Pulpí o Huércal-Overa, y de las comarcas murcianas y alicantinas, los miembros de las diferentes Mesas del Agua no entienden cómo se les restrigen más todavía el acceso a la materia prima fundamental para que la Huerta de Europa no se convierta en un páramo. Ahí llega la primera gran diferencia con el Gobierno central. Los afectados consideran que se trata de una decisión política, que no está basada en informes técnicos. Carmen Crespo, consejera andaluza, es clara al respecto: “Los científicos avalan un caudal ecológico de 6 metros cúbicos por segundo, por lo que no sería necesario elevarlo hasta 8,6 m³/s como propone el Estado”.

1.500 hectáreas sería la superficie de cultivo del levante almeriense que se verá afectada por la decisión

Por contra, la ministra Teresa Ribera asegura que la obligación del Gobierno pasa por “respetar el criterio de los técnicos sobre la base del mejor conocimiento científico” así como “la ley europea, la nacional y la jurisprudencia” incluyendo las sentencias que obligan a fijar este caudal ecológico, postura que es del agrado Castilla La Mancha, cuarta comunidad en discordia.

Así las cosas, Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana han presentado alegaciones, además de mostrar su enfado. Será el Consejo de Estado el que tendrá que dictaminar el próximo jueves 19 de enero el Real Decreto que revisa la planificación hidrológica de 12 demarcaciones para el periodo 2022-2027 y que incluye la modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo Segura.

Si se aprobaran, como todo hace indicar, las consecuencias pueden ser nefastas para el campo levantino español, pero más específicamente para la zona de la cuenca del Almanzora almeriense. Según un informe de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable; la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros. El portavoz de la Mesa del Agua de Almería, José Antonio Fernández, concretaba que la comarca del Almanzora perderá unos 5 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone “dejar de regar en torno a 1.500 hectáreas”. De hecho, ya esta campaña dejaron de plantarse un 30% de hectáreas de cultivo con la escasa pero importante aportación del trasvase todavía activa.

Trabajadores del campo levantino, entre carteles en la manifestación.

Por otro lado, a estas consecuencias sería preciso sumar la eliminación de los sumideros de CO2 de los cultivos vinculados a los regadíos existentes. Estas regiones, además, representan el 71% de la exportación nacional de hortalizas y el 25% de la de frutas. El recorte del trasvase pone “en jaque” a un sector de las frutas y hortalizas que en Andalucía “exporta 5.700 millones de euros”, como bien recordaba la abderitana Carmen Crespo.

Frente a esta evidencia, el Gobierno trata de defenderse. Y lo hace con un argumento claro, que defendió a capa y espada el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. A la misma hora que se desarrollaba la concentración en la capital de España, Martín indicó que el ejecutivo demuestra su “apoyo” a los regantes con “medidas” como la inversión de 44 millones de euros anunciada para “garantizar” que tendrán los recursos hídricos que precisan o la “bonificación del agua desalada” que, según trasladó, se va a aprobar “en las próximas semanas”.

Ahí hay un nuevo frente abierto. En una entrevista concedida a Diario de Almería el pasado mes de junio, la ministra Ribera apostó decididamente por el agua desalada frente a la trasvasada para la provincia. “En año y medio vamos a tener 40 hectómetros cúbicos adicionales en desalación ampliando las plantas de Carboneras y Campo de Dalías y con la reparación de la de Villaricos. Y a partir de ahí tenemos que interconectar todas las disponibilidades y aportar las aguas que puedan ser reutilizadas y tratadas adecuadamente. Una cuestión muy importante para los agricultores que es el precio del agua desalada y lo tenemos muy presente y también vamos a autorizar para que puedan ser promotores de sus propias placas solares para autoabastecimiento con el que reducir costes”, explicaba Ribera. El subdelegado del Gobierno se refería a ellas el miércoles e informaba que las obras para arreglar la desaladora de Villaricos (inutilizada desde la riada de 2012), ya están en marcha.

1.40 céntimos el litro es lo que cuesta ahora mismo el agua desalada a los agricultores

El problema del agua desalada es su precio (1,40 céntrimos el litro), por lo que los regantes llevan pidiendo una bonificación desde hace tiempo que sitúe el precio en torno a 0,30 céntimos para que no baje la competitividad del agricultor. En el paquete de medidas que el Gobierno estudia está dicha bonificación.

Como Santa Bárbara no tiene pensado enviar nubes cargadas de agua en las próximas fechas para paliar la pertinaz sequía, al sector sólo le queda reinventarse como ha hecho siempre. Y a ciencia cierta que lo hará.