Fitosanitarios y autorizaciones de la UE: La regla de los 120 días que Almería solicita por el pulgón

La voz de alarma se dio la pasada semana: el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, solicitaba al Ministerio la autorización excepcional de un producto fitosanitario que combatan la plaga del pulgón (Aphididae) que la provincia está sufriendo. Más de 2.000 hectáreas de cultivo de hoja verde y cítricos se han visto afectadas por este insecto, que succiona la savia de brotes y hojas jóvenes, provocando su debilitamiento, enrollamiento y deformación, lo que le lleva a desarrollar el Virus de la Tristeza (CTV). Los productores almerienses de la zona del levante ya se han visto a arrancar sobre 300 hectáreas provocando unas pérdidas irreparables.

Para tratar de contener la plaga, productores y autoridades políticas han elevado una petición de forma urgente al Gobierno para que Bruselas conceda una autorización excepcional para el uso de fitosanitarios. El campo almeriense es un referente europeo en temas de control biológico y lucha integrada, pero hay momentos puntuales en los que es necesario el uso de sustancias activas para combatir a plagas que están arrasando cultivos y que están fuera de control. De hecho, la normativa de la UE permite excepciones temporales, previstas en el artículo 53 del Reglamento (CE) 1107/2009, que consienten el uso de un fitosanitario no autorizado durante un máximo de 120 días si existe un riesgo grave para un cultivo y no hay alternativas eficaces. Es la conocida regla de los 120 días.

En esta ocasión, el permiso se ha pedido para el empleo de fitosanitarios basados en spirotetramat al 10 %, un compuesto que se considera vital para proteger cultivos brassica, lo que engloban a productos de hoja verde como la lechuga, el apio, las espinacas y la col china, además de diversas variedades de cítricos que se cultivan en el levante almeriense. El más conocido es Movento, cuya autorización general en la UE caducó recientemente, pero países como Francia, Italia y Grecia han concedido el permiso provisional de 120 días para salvar sus cosechas de pulgón, que es lo que Almería pide ahora.

El pulgón avanza a un ritmo desbocado

El pavor que está causando el pulgón es su rápida velocidad de avance, a un ritmo de 250 hectáreas por semana, lo que provoca que los productores hayan tenido que arrancar muchas plantaciones para cortar la cadena de transmisión. Es por ello que la Junta pidió de forma urgente la autorización especial y está a la espera de la decisión técnica del Ministerio, señalando que otros países comunitarios ya lo han usado, con la correspondiente autorización, como es el caso de Francia, Italia, Alemania, Grecia, Portugal o Eslovenia.

Un dato significativo de cómo el campo española ha apostado por la lucha biológica frente a las materias activas es que España es uno de los países que menos autorizaciones excepcionales concede, concretamente un 84% menos que la media europea. Esto está la línea de la Agenda 2030 de la UE, pero también es cierto que supone que para los agricultores supone una mayor complejidad técnica y una pérdida de competitividad, ya que suben los costes de producción y baja el rendimiento del cultivo.

¿Qué dice el artículo 53 del Reglamento (CE) 1107/2009?

El artículo 53 del Reglamento (CE) 1107/2009 regula las llamadas autorizaciones de emergencia en materia fitosanitaria dentro de la Unión Europea. Este precepto establece que, en circunstancias excepcionales, un Estado miembro puede permitir temporalmente la comercialización y el uso de un producto fitosanitario que no esté autorizado de forma ordinaria. La norma prevé que esa autorización solo puede concederse cuando exista un riesgo grave para los cultivos o la producción agrícola que no pueda controlarse por otros medios razonables, como puede ser la aparición de una plaga o enfermedad sin tratamientos alternativos eficaces.

La autorización tiene un carácter estrictamente limitado y temporal, ya que el reglamento fija un máximo de 120 días para su uso y exige que la aplicación sea controlada y restringida. Además, el Estado que concede la excepción debe informar inmediatamente a la Comisión Europea y al resto de países de la UE, aportando información detallada sobre las razones de la medida y las garantías adoptadas para proteger la salud de los consumidores y el medio ambiente. La Comisión puede solicitar evaluaciones científicas adicionales y, si lo considera necesario, decidir si la medida debe mantenerse, modificarse o retirarse.

Este mecanismo se ha utilizado en varias ocasiones en distintos países europeos para afrontar problemas concretos en determinados cultivos. En los últimos años, varios Estados miembros recurrieron a estas autorizaciones temporales para permitir el uso de determinados insecticidas y herbicidas frente a plagas que amenazaban la producción agrícola. Entre ellos figuran sustancias como acetamiprid, autorizado de forma excepcional en países como España, Alemania, Bélgica, Austria, Italia, Polonia o Croacia; sulfoxaflor, permitido temporalmente en Grecia y España; o imidacloprid, cuya utilización excepcional fue autorizada en Rumanía para hacer frente a problemas fitosanitarios en determinados cultivos.

También se han concedido permisos de emergencia para otros productos como diquat, utilizado de forma excepcional en países como Hungría, República Checa, Dinamarca, Letonia o Irlanda en determinados cultivos. Estas decisiones se adoptan caso por caso y responden normalmente a situaciones en las que una plaga o enfermedad amenaza la producción y no existen alternativas técnicas eficaces a corto plazo, por lo que los Estados miembros recurren a este mecanismo previsto en la legislación comunitaria para proteger las cosechas de manera temporal.

Aunque la tendencia es a usar cada vez menos químicos y la UE busca que para 2030 el uso de pesticidas se reduzca de forma drástica, no es menos cierto que estas autorizaciones no son raras y entre 2019 y 2022 se concedieron más de 200 excepciones. Uno de los últimos ejemplos fue la crisis de la remolacha azucarera, que entre 2020 y 2022 causó serios destrozos en los cultivos de distintos países comunitarios, como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Lituania o Rumanía, entre otras. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) evaluó 17 autorizaciones de emergencia concedidas en 2020-2021 y concluyó que estaban justificadas por el riesgo para la cosecha.