“Se están dando todas las circunstancias para la tormenta perfecta”, sentencia el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart. El sector pesquero andaluz, y por tanto el almeriense, lastra duros años de normativas y controles que restringen la actividad sin tiempo para coger oxígeno y amoldarse a ellas y, actualmente, bajo el mando en Europa del comisario Virginijus Sinkevicius, señalado como intervencionista. “En pleno debate sobre el reglamento de control pesquero de la UE, mandó una carta intimidatoria a los eurodiputados porque su opinión era desfavorable a la de la Comisión de Pesca. Esto no se había dado nunca antes. En lugar de buscar el equilibrio entre pesca y medio ambiente, va contra el sector pesquero”, dice Gallart, que añade el poco peso parlamentario español en la toma de las decisiones del Parlamento Europeo: “A pesar de las enmiendas del PP y PSOE, éstas quedan sin efecto. A todo esto, en España, se añade un ministro (Luis Planas) sin ganas y desaparecido”.

Uno de los elementos que ‘asfixia’ a los pescadores, en el Mediterráneo, es el Plan Plurianual para las especies demersales en el Mediterráneo Occidental, cuyo objetivo es el de alcanzar el RMS (rendimiento máximo sostenible) en 2025 en base a una reducción progresiva del esfuerzo de hasta un 40% en el conjunto del período. En diciembre del pasado año el Consejo de Ministros de Pesca concluía con la adopción, entre otras cuestiones, de reducir en un 7,5% las jornadas de pesca para 2021 con respecto a 2020, un 8,3% en la práctica real. Según el presidente de la Faape: “Todo indica que el próximo diciembre el Consejo de Ministros seguirá esta línea a pesar de que el Stecf (el comité científico, técnico y económico para la pesca) en el que la Comisión justifica sus propuestas “dice que es imposible que esto se pueda cumplir”.

Punto negro del borrador del proyecto de ordenación de la flota: la potencia de los motores

Por otro lado, Gallart apunta a la “criminalización” del sector, “cada vez hay más inspecciones y controles a la pesca desmesuradas”. Una de las últimas es el visto bueno de la Eurocámara a la obligatoriedad de instalar cámaras para controlar la obligación de desembarque de determinados buques. A este respecto, la asociación pesquera europea Europêche, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (Cepesca) considera que llevar cámaras a bordo ensombrece la revisión del nuevo Reglamento y constituye un “elefante en la habitación” que obstaculiza el normal desarrollo de la actividad pesquera. En este sentido, Europêche confía en que los gobiernos de los estados miembros aborden las implicaciones de este “Gran Hermano” durante las negociaciones que se desarrollarán en los próximos meses en el Consejo y tras la que se alcanzará una decisión final.

Más trabas desde España. El sector pesquero ya está elaborando, según el presidente de la Faape, alegaciones al borrador del proyecto para el Real Decreto sobre la Ordenación de la Flota Pesquera. “Hay distintos puntos que nos preocupan y uno de ellos es el que se refiere a la potencia de los motores de las embarcaciones. Es un problema europeo pero España quiere ir una vez más por delante y ser la primera en contra del sector”. La intención es limitar más la potencia de los buques, los cuales en el momento de la instalación contaban con el visto bueno de la Secretaría General de Pesca y Capitanía Marítima, y el sector no está en contra de manera radical, sino que pide más flexibilidad, es decir, que los barcos que no puedan adaptarse ya, tengan un margen de cinco años, por ejemplo, para poder hacerlo. “Para el político no existe la pesca. A pesar de que el sector cumple, como ha quedado demostrado y este año más si cabe dando lo máximo en plena pandemia, el Gobierno español y Europa no cumplen con el sector”.