La pérdida de biodiversidad, una amenaza para la economía global

Durante décadas, la biodiversidad ha sido tratada como una variable secundaria en las decisiones empresariales. Un daño colateral del crecimiento económico o, en el mejor de los casos, un asunto reputacional. “Todas las empresas dependen de la biodiversidad y todas impactan sobre ella”. Con esta afirmación rotunda arranca el nuevo informe metodológico de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), presentado ayer 9 de febrero, por los más de 150 gobiernos miembros del organismo.

El informe subraya que la pérdida acelerada de biodiversidad ya no es solo un problema ambiental, sino un riesgo sistémico para la economía global, la estabilidad financiera y el bienestar humano. “La pérdida de biodiversidad es una de las amenazas más graves para las empresas”, advierte Stephen Polasky, copresidente de la evaluación. “La realidad distorsionada es que, a menudo, parece más rentable degradar la biodiversidad que protegerla. Pero los impactos acumulados de múltiples actividades empresariales pueden cruzar puntos de no retorno ecológicos con consecuencias globales”.

El crecimiento de la economía mundial en las últimas décadas —impulsado en gran medida por la actividad empresarial— se ha producido a costa de una degradación sin precedentes del capital natural. Según el informe, 14 de las 18 categorías de contribuciones de la naturaleza a las personas están en declive, incluidas funciones clave como la regulación del clima, la disponibilidad de agua, la polinización o la protección frente a riesgos naturales.

Dependencias invisibles

Uno de los principales hallazgos del informe es que incluso aquellas empresas que se perciben como alejadas de la naturaleza dependen de ella de forma directa o indirecta. Desde el suministro de materias primas hasta la regulación de condiciones ambientales —como el control de inundaciones o la disponibilidad de agua—, pasando por contribuciones no materiales como el turismo, la recreación o los valores culturales y espirituales.

Sin embargo, el sistema económico actual apenas penaliza estos impactos. Muchas empresas no asumen costes financieros por el deterioro de la biodiversidad y, al mismo tiempo, carecen de mecanismos para generar ingresos asociados a impactos positivos sobre la naturaleza. Esta desconexión explica, en parte, por qué la pérdida de biodiversidad sigue avanzando pese a la creciente evidencia científica.

Un sistema de incentivos que perpetúa la degradación

El informe de IPBES subraya que el problema no es solo empresarial, sino estructural. Las condiciones actuales —marcos regulatorios, incentivos económicos y financieros, normas sociales y sistemas de información— siguen favoreciendo el modelo de “business as usual”.

En 2023, los flujos financieros públicos y privados con impactos negativos directos sobre la naturaleza alcanzaron 7,3 billones de dólares, de los que 4,9 billones correspondieron a financiación privada y unos 2,4 billones a subsidios públicos ambientalmente perjudiciales. En contraste, apenas 220.000 millones de dólares, alrededor del 3%, se destinaron a la conservación y restauración de la biodiversidad.

Medir para actuar

Frente a este diagnóstico, el informe insiste en que las empresas ya disponen de métodos y herramientas para medir sus impactos y dependencias sobre la biodiversidad, aunque su aplicación sigue siendo limitada y desigual. Menos del 1% de las empresas que publican informes corporativos mencionan de forma explícita sus impactos sobre la biodiversidad.

“Con demasiada frecuencia, las empresas dedican más tiempo a descifrar marcos complejos y métricas en competencia que a actuar de forma significativa”, señala Polasky. “Una de las grandes aportaciones de este informe es aportar claridad y coherencia, ayudando a elegir qué métodos son adecuados según el contexto y la escala de decisión”.

El informe subraya que no existe una única metodología válida para todos los casos. Las decisiones operativas requieren información local y enfoques “de abajo arriba”, mientras que la gestión de carteras financieras o cadenas de valor se apoya más en modelos agregados y análisis de ciclo de vida. La clave está en combinar enfoques y evaluar su idoneidad en función de tres criterios: cobertura, precisión y capacidad de respuesta.

El conocimiento indígena, una pieza clave ignorada

Otro de los mensajes centrales del informe es la necesidad de integrar el conocimiento científico con el saber de los pueblos indígenas y las comunidades locales, responsables de custodiar una parte sustancial de la biodiversidad mundial.

“Los datos y el conocimiento están demasiado fragmentados”, explica Ximena Rueda, copresidenta de la evaluación. “La literatura científica no está pensada para las empresas y, además, sigue existiendo un reconocimiento insuficiente del papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales como guardianes de la biodiversidad”.

El informe recuerda que el desarrollo industrial amenaza alrededor del 60% de las tierras indígenas en el mundo y que una cuarta parte de estos territorios está sometida a una fuerte presión extractiva. “Una colaboración respetuosa, basada en el intercambio de datos y conocimiento, puede traducirse en una mejor gestión de riesgos y en nuevas oportunidades para las empresas”, añade Rueda.

Un cambio de reglas, no solo de comportamientos

La IPBES concluye que las empresas no pueden liderar por sí solas la transformación necesaria para frenar y revertir la pérdida de biodiversidad. Es imprescindible crear un entorno habilitador que alinee los incentivos económicos con los objetivos ambientales y sociales.

“Las empresas y las instituciones financieras se encuentran en un momento decisivo”, afirma Matt Jones, copresidente del informe. “Pueden liderar la transición hacia una economía más sostenible o arriesgarse, literalmente, a su propia extinción. No solo la de las especies, sino también la de sus propios modelos de negocio”.

El informe identifica cinco pilares para ese entorno habilitador: políticas y regulación, sistemas económicos y financieros, valores sociales, tecnología y datos, y capacidades y conocimiento. En total, propone más de 100 acciones concretas que pueden ser adoptadas por gobiernos, empresas, entidades financieras y sociedad civil.