Ante el temor y la incertidumbre los ciudadanos y las empresas demandan ayudas, protección y seguridad de sus gobiernos. Es un pacto tácito, ayudas y seguridad a cambio de libertad. A lo largo de la historia el intervencionismo del Estado se ha expandido en épocas de profundas crisis y de persistentes guerras. Las políticas de intervención se anuncian como temporales, pero tienden a convertirse en permanentes y no siempre cumplen las promesas. Un claro ejemplo es la reciente intervención de los alquileres residenciales. El problema del acceso a la vivienda de los jóvenes y familias necesitadas es un problema estructural de España tiene su origen en la escasez de la oferta de vivienda en alquiler, en la reducción de la oferta pública de viviendas sociales a partir de los 80, en las dificultades presupuestarias del Gobierno y en el disparo de la demanda de alquiler de vivienda por cambios culturales, el alto precio de la vivienda , la insuficiencia de las rentas salariales y las condiciones de financiación. Las tres últimas crisis, la financiera , el Covid-19 y la guerra de Ucrania han agravado el problema.

El decreto por el que se limita al 2% la revisión anual de los alquileres residenciales es un ejemplo de exceso y torpeza intervencionista. El Banco de España lo advirtió. Hay suficiente experiencia internacional y evidencia de que la intervención del precio de los alquileres puede causar una reducción de la oferta y una subida de los alquileres, agravando todavía más el problema de accesibilidad que se pretende resolver. El Gobierno hizo caso omiso. Pero la racionalidad acaba imponiéndose. La oferta de alquiler de viviendas se está contrayendo y las rentas de alquiler subiendo. Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 el precio de los alquileres se redujo un 8,5%. Sin embargo, a partir de la publicación del decreto, marzo de 2022, la renta de los alquileres ha subido un 5%, y la variación interanual ha alcanzado el 6,4%. Los operadores de alquileres manifiestan que sus clientes al vencimiento de los contratos de alquiler les están pidiendo que procedan a su venta ( el 15%) y algunos ante la inseguridad jurídica , la incertidumbre generada y la suspensión temporal de los desahucios están optando por dejarlas vacías. La contracción de la oferta de vivienda en alquiler impulsa los precios y el problema de accesibilidad se está agrabando.

Ante la expectativa de que la revisión anual de los alquileres al 2% siga prorrogándose, al vencimiento de los contratos de 5 años los propietarios arrendatarios para resarcirse de la pérdida pasada y cubrirse de la futura están exigiendo subidas importantes del precio de los alquileres. El intervencionismo irracional no está consiguiendo ninguno de sus objetivos. Para los nuevos inquilinos el acceso a la vivienda ha empeorando ante la menor oferta de alquileres y los mayores alquileres. Para los pequeños propietarios de las viviendas la situación es insostenible: la inflación y subida de los tipos hipotecarios cuadruplica la revalorización del alquiler. De los casi cuatro millones de arrendatarios, más del 90% son de pequeños propietarios que complementan su salario o pensión con el alquiler, a los cuales se les ha aplicado el decreto con efecto retroactivo sobre contratos firmados y sin ninguna compensación. Un auténtico desastre.