Temer ir en tren: ruina

No es plato de gusto comentar los efectos socioeconómicos de una tragedia. En caliente. Pero bueno, asistimos a un debate precipitado o partidario que no tiene nada de compasivo: sólo los abandonados por quienes murieron y quienes quedarán dañados de por vida padecen y sabrán del verdadero dolor del suceso. Por otro lado, valorar los efectos materiales de una desgracia es obligado; mirando más allá de las causas y responsabilidades. Esas que aún no están dilucidadas en el accidente de Adamuz. Causas y responsabilidades no faltan quienes practican cainismo desde las consabidas trincheras, en este torpe país a garrotazos, con las piernas hormigonadas en un canallesco odio. Pecado mortal desde donde los muertos se supeditan al afán de hincha político: un sumidero de la ideología ajena a la razón crítica.

Demasiada justificación, la de esta pieza: basta.

La parálisis de la actividad del transporte, como consecuencia del brutal accidente, va a dañar a Andalucía. Dañará –quién sabe cuánto y por cuánto tiempo– la movilidad de mercancías, trabajadores, proveedores, clientes; al comercio y su logística; al sacrosanto turismo. Más allá de la reparación de las infraestructuras, la incertidumbre y el temor ahuyentan a la economía, hecha, en este caso, de fomento estatal y de empresa privada grande o pequeña. Los costes públicos de rehacer lo destruido y prevenir nuevas desgracias no son nada comparados con la merma de incentivos que causará la desconfianza en una infraestructura ferroviaria donde no se da eso de que, donde comen cinco, comen seis. Es una cuestión de un mantenimiento que esté a la altura del uso. En un Estado sin Presupuestos desde hace varios años, incumplimiento de un Gobierno parlamentariamente débil.

Es urgente que la oferta sustitutiva del tren, –que es la mejor opción; de repente temible–, las alternativas que proveen los vehículos a motor por carretera, los aviones o las pantomimas no tributantes de la idílica economía circular –Blablacar– no hagan agosto estraperlista, y no encarezcan sus servicios. Es de ley, en sentido ético. Y ya legal, según el decreto-ley promovido por el ministro Bustinduy tras la dana de Valencia. Que la inversión estatal en hacer segura una ferrovía pública repentinamente saturada por la liberalización de operadores no convierta al medio de transporte más sensato en una amenaza personal, ni en un espanto de movilidad que agrede a la libertad. Las aerolíneas que compiten con el ferrocarril en las zonas afectadas mantienen precios y redoblan el número de vuelos, de momento y con responsabilidad corporativa de verdad. Del lamentable estado del firme de las autovías... de eso, ¿quién se ocupa? Viajar va a ser más caro o más inseguro. No da el Erario para lo habitual y necesario, ni dan para lo extraordinario los Presupuestos (inexistentes). El empeño es la extraña cosa llamada ordinalidad. España, la de Moncloa y la de sus autonomías, deben obligarse a ir a una en los asuntos clave, y no hacer botín continuo de la discordia. PP y el PSOE hacen el 70% del Parlamento.