La Constitución Española de 1978 se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la convulsa II República, la Guerra inCivil y los cuarenta años de un régimen autoritario, que tuvo como máximo exponente el mutuo perdón recogido en la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, que permitió la eliminación en paz y orden de estructuras del anterior régimen político desde un punto de vista jurídico.

Aprobada la Ley para la Reforma Política el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes franquistas, recibiendo el apoyo de 425 de los 531 procuradores, y sometida a referéndum el 15 de diciembre posterior, con una participación del 77 % del censo y un 94,17 % de votos a favor, tenía el carácter de ley fundamental, siendo la última de ellas y la más trascendental como cordón umbilical para hilvanar la recuperación de las libertades y del Estado de Derecho en el marco común de alcanzar y garantizar la convivencia democrática, dentro del respeto al pluralismo de la sociedad española, y conseguir un orden económico y social más justo.

Atravesamos a nivel nacional e internacional, incluso emocional, un momento nada halagüeño para la estabilidad política y económica, por lo que, hay momentos que la aplicabilidad de leyes, como la que se pretende de reforma de la memoria democrática, sí no se hacen con el mayor consenso político posible, con mayoría cualificada, de democrática tiene nula aceptación cívica, estando abocada a avivar el conflicto de sentimientos contradictorios en la sociedad civil por no elaborarse la misma con criterios de imparcial y objetiva gobernanza, y cuya gestión pública no suponga más agravios de hechos pretéritos, que solo interesan al ámbito académico de la historiografía, salvo que se quiera de forma velada, invertir el sistema político actual por una democracia popular al estilo técnico predominante en algunos países latinos, de resultado despótico desastroso.

Porque 25 años después de aquellos dos hechos inolvidables e indisociables, la liberación de José Antonio Ortega Lara y el asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco, comprobamos que la presencia en el acto de este aniversario de quienes acaban de acordar la nueva ley de Memoria democrática con ETA, reescribiendo la Historia, constituye un desprecio y una afrenta a la Verdad, a la Dignidad de las Víctimas y a la inteligencia de los españoles, inaceptable e intolerable. Paz y Bien.