Luchar contra la desigualdad

No todo es tan sencillo como parece. La sociedad de la información es un monstruo de dos cabezas que al final termina devorándose así mismo. Y aunque no todo parezca como es, lo cierto es que la única forma de acabar con la desigualdad social es combatiéndola desde su raíz. Y si debemos igualar al conjunto de la ciudadanía sea siempre a partir de la excelencia. La lucha por acabar la desigualdad social debe pasar irremediablemente por el empoderamiento real y efectivo de todos los miembros de la sociedad, en especial, de las mujeres y de las niñas. Sobre todo de aquellas personas que se encuentran en extrema y en especial situación de vulnerabilidad. Quizás, por ello, lo primero que hay que realizar es generar una mayor conciencia y apoyo en materia de políticas sociales para aumentar las oportunidades para todos y para todas. Sensibilizar a la población de las diferentes realidades a través de los medios de comunicación, de una administración pública comprometida y responsable que apoyen el cambio de paradigma, por medio del uso de un lenguaje integrador e inclusivo, alejado de los discursos de odio o de la xenofobia.

Se deben fijar objetivos y replantear las prioridades del gasto público para atender las necesidades de los más vulnerables, centrando los esfuerzos de las organismos públicos en la mejora en el acceso a los recursos públicos básicos como educación, salud, agua y energía. Reorientar los marcos fiscales y tributarios para reducir las desigualdades, buscando el equilibrio entre ingresos y gastos, bajando la presión fiscal a las rentas más bajas y en los productos de primera necesidad. Debemos combatir los cambios tecnológicos para evitar la exclusión y la brecha digital. Concienciar de la importancia de la inversión y la colaboración en materia de cooperación y desarrollo para promover el crecimiento participativo, horizontal y sostenible, no sólo en las regiones de cada nación, sino también en los países de orígenes, como resultado de la responsabilidad social. Y, sin duda alguna, el apremio para garantizar la protección de la sociedad civil en las emergencias humanitarias y respetar los derechos humanos, marco este último inquebrantable para permitir las mínimas condiciones de paz y seguridad que cualquier sociedad civil necesita para su desarrollo y bienestar.