Tiempos de igualdad y género

El desarrollo de las sociedades no puede existir si no se materializa de una forma equitativa, igualitaria y real

Estas La tasa de participación laboral de las mujeres ha experimentado en el último año un descenso histórico de 5,4 puntos porcentuales, un retroceso total del 10,3 por ciento), llegando a niveles previos de casi el inicio del milenio, por la crisis sanitaria. Según los datos del Panorama Laboral de la OIT, desde hace más de 15 años, no se registraban unas tasas tan bajas de participación de las mujeres en el ámbito laboral. Los sectores económicos más afectados por esta crisis han sido todos aquellos que han estado relacionados con los servicios, donde la mujer desempeña cerca del 50 por ciento de su actividad laboral femenina. Este factor se ha acrecentado a causa de la pandemia, junto con el confinamiento y las grandes dificultades que han supuesto conciliar el trabajo profesional con las responsabilidades familiares. En un entorno donde la educación y los servicios de atención y cuidado se han visto completamente afectados por las limitaciones de las medidas sanitarias y reducción de la movilidad de las personas.

La pandemia ha impactado de forma profunda y desproporcionada sobre las mujeres. Una de las causas que ha provocado este desajuste ha sido porque las mujeres han partido desde unas condiciones de desventaja, dada su menor participación en la vida laboral por el alto porcentaje de desempleo que sufren y porque su actividad económica la generan sectores vulnerables y de baja productividad. El Foro Económico Mundial, en referencia a estudios previos post-Covid, ya advertían de la brecha global de género y que si no se aplicaban las medidas necesarias, tardaría casi un siglo en paliarse, estigmatizando el ámbito económico como el más preocupante.

El desarrollo de las sociedades no puede existir si no se materializa de una forma equitativa, igualitaria y real. Y quizás es por ello que el Derecho, concebido como una herramienta reguladora y garante de una serie de valores y principios democráticos, debe ser también a la postre el resultado de una nueva norma doctrinal que escenifique y que sea capaz de regir los nuevos cambios sociales, apoyando, impulsando y promoviendo los valores y principios básicos de una sociedad que combata las desigualdades de género estructurales que han acelerado los retos coyunturales. En concreto, en materia de igualdad, empoderamiento, autonomía e independencia de la mujer.

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