El deber de memoria

Por Real Decreto 1/2025, de 7 de enero, se creó el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad, al cumplirse el 20 de noviembre de este año el cincuenta aniversario del fallecimiento del General Franco. El objeto de crear este Comisionado ha sido impulsar y coordinar las actividades de la Administración General del Estado para conmemorar los 50 años transcurridos desde el inicio del proceso para la transición a la democracia. Para ello, en la Disposición adicional segunda (modificaciones presupuestarias) se ordena al Ministerio de Hacienda que realice las modificaciones presupuestarias y habilitaciones de crédito necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este Real Decreto. No tenemos Presupuestos Generales del Estado, pero la “máquina de gastar” funcionando a todo rendimiento sin control parlamentario. Para este Comisionado, el crédito necesario.

En la exposición de motivos de este Real Decreto se hace referencia a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que estableció el conocido como «Deber de Memoria», cuarto eje vertebrador de la ley, con respecto a las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad.

En lo que afecta a Almería, todos sabemos que quedó bajo control republicano durante toda la guerra, y después fue leal a Franco hasta su muerte en la cama. Los hechos más significativos en Almería de persecución, encarcelamiento, tortura y usurpación de bienes se produjeron precisamente durante la guerra, bajo control republicano. Ya desde que el 21 de julio de 1936 fuerzas y milicianos leales a la República neutralizaron la sublevación militar, el poder represivo quedó en manos de las organizaciones obreras que lo canalizaron a través del llamado Comité Central Antifascista, que se ubicó en el edificio del Casino y se convirtió en el verdadero centro de poder. Este Comité Central quedó constituido inicialmente por socialistas y comunistas, aunque luego se integrarían miembros de las organizaciones libertarias almerienses, y fue responsable, entre otras acciones, de la detención de las personas presuntamente desafectas al régimen revolucionario en el que estaba derivando la izquierda republicana.

Fue tal el volumen de personas detenidas en los primeros días de la guerra que resultó insuficiente para su internamiento la prisión provincial, teniendo que habilitarse también como prisión el convento de las Adoratrices, el Colegio de La Salle, la fábrica de azúcar conocida como “el Ingenio” y los mercantes anclados en el puerto “Astoy Mendi” y “Capitán Segarra”. Estos detenidos quedaron a merced del Comité de Presos, teóricamente subordinado al Comité Central y presidido por el dirigente de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) Juan del Águila Aguilera, que sería capturado después de la guerra en Madrid, sometido a juicio, condenado a muerte y fusilado en el cementerio de Almería en 1941.

La madrugada del 15 de agosto, con nocturnidad y alevosía, fueron sacados del barco “Astoy Mendi” 27 detenidos (o 28 según las fuentes) y conducidos a la cala de La Garrofa, donde fueron asesinados y sus cuerpos lastrados arrojados al mar, pero los verdugos no debieron poner el empeño necesario y al final las mareas arrojaron algunos cuerpos a las playas del Zapillo. Con esta de agosto, se iniciaron las llamadas “sacas” que se llevaron a cabo sin mediar acusación previa y juicio alguno. Pero para que no hubiera testigos y los cuerpos no apareciesen, se buscaron otros escenarios más discretos como el barranco del Chisme (Vícar), el pozo de La Lagarta (Tabernas) o el pozo de Cantavieja (Tahal), donde los desdichados presos fueron arrojados a los pozos vivos maniatados y cubiertos en cal viva.

Estas “sacas” se sucedieron hasta diciembre del 36, mes a partir del cual disminuyó sensiblemente el número de asesinados por el simple hecho de ser sospechosos de desafectos al régimen republicano, sin mediar juicio y condena. En total fueron “eliminados” por los republicanos durante la guerra 687 almerienses (incluidos los del Campo de “Trabajo” (exterminio) de Turón (Granada), de los que sólo 12 lo fueron en cumplimiento de sentencias judiciales. Pero está claro que estos asesinatos han quedado al margen del “deber de memoria” por el interés partidista de los herederos de las ideologías que los llevaron a cabo.