Un fracaso institucional

El 23 de febrero de 2006 a las cinco de la tarde se hizo efectivo el auto de paralización cautelar de las obras del hotel del Algarrobico en Carboneras. La resolución del juez Jesús Rivera, que se dictó el 21, se comunicaba a las partes interesadas el día de antes y un par de años más tarde se reforzaba con la nulidad de la licencia municipal de obras. Comenzaba así una odisea en los juzgados que se ha eternizado en el tiempo por la extrema complejidad tanto social como económica y jurídica de la actividad administrativa que se revisa. El derribo está cada vez más cerca. Medio centenar de sentencias han acreditado sobradamente la ilegalidad de un hotel que se construyó en una zona protegida no urbanizable e invadió la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

Hoy todos se muestran en contra de la mole de 21 plantas y 411 habitaciones en la playa, pero las administraciones que hoy negocian su derribo y batallan en los tribunales no siempre han estado en el lado bueno de la historia. Los veinte años de obras paralizadas, cuando ya habían superado el 90% de ejecución, son solo la mitad de los que tiene el proyecto desde su fase inicial de gestación. Porque este hotel no nació con Azata y la promotora llegó cuando ya se había decidido todo. La crónica se remonta a la implementación en Carboneras del Plan para el Desarrollo Turístico del Litoral Andaluz en 1985. El Ayuntamiento y la Junta concibieron un despliegue residencial que iba mucho más allá de un hotel. Eran siete los hoteles y más de 2.000 viviendas en varios sectores. En el del Algarrobico (R-5 y ST-1) se pensó en un camping de alto nivel que acabarían reconvirtiendo en el mamotreto de 6.500 metros cúbicos de hormigón que todavía sigue en pie hoy.

El hotel contó con todos los parabienes de las administraciones, saltándose las normas de la ley de costas, planeamiento del parque natural e incluso recibiendo subvenciones del estado y la comunidad. Un cúmulo de despropósitos por los que nadie ha respondido ante la justicia y eso que algunos jueces, como Jesús Rivera, vieron claros los indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. El Algarrobico es un fracaso institucional en mayúsculas, testimonio vivo de la desfachatez de una época en la que el ladrillo no atendía a leyes y los que tomaban decisiones urbanísticas eran impunes ante la justicia. Almería quiere pasar página, dejar atrás ese símbolo de la destrucción del litoral, pero queda una última batalla en los juzgados antes de meter la pala que llega en clara ventaja por la reciente nulidad de la licencia.