Vía Augusta
Alberto Grimaldi
La vía es (por ahora) andaluza
Hay huidas que por su forma no precisan confesión alguna. El ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, no ha huido con pasaporte falso ni ha desaparecido en Suiza como Puigdemont y otros fugados pero su escapada forzando el aforamiento autonómico tiene el mismo tufo a pánico judicial. El Sr. Gallardo y el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, han sido notificados como procesados por la Juez de Instrucción de Badajoz de la apertura de juicio oral; el Sr. Gallardo acusado de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Horas antes de esta notificación culminó la maniobra de escape como diputado y aforado en la Asamblea de Extremadura.
Para que su escapada resultara eficaz, el PSOE extremeño tuvo que ejecutar una coreografía planificada con precisión quirúrgica: cinco diputados autonómicos “renunciaron” de la noche a la mañana para hacer hueco al Sr. Gallardo quien se escuda en un privilegio medieval resucitado como búnker contra la acción de la justicia ordinaria. A tal extremo se ha llegado que el aforamiento ya no es garantía de estabilidad institucional, sino la coartada para eludir responsabilidades. Esta maniobra señala al “socialismo aforado”, una operación planificada de ingeniera de la impunidad que ha requerido la complicidad de la ejecutiva federal del PSOE, es la última mutación de lo que podríamos denominar el sanchismo jurídico: una filosofía política cuyo principio rector es la autoconservación del poder a cualquier precio, incluso a costa de la credibilidad del Estado de derecho. Todo ello con la naturalidad de quien cree que las instituciones están para defender al partido, no a los ciudadanos
Gallardo, paradigma del caciquismo moderno bajo el paraguas del PSOE, ve cómo su castillo de arena se desmoronaba cuando la juez del caso empieza a tirar del hilo. Lo acusan de haber favorecido, presuntamente, a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno inventando un puesto a medida en la Diputación de Badajoz que huele a pago de intereses recíprocos. Y en lugar de defenderse como un ciudadano más escoge el atajo del fuero especial que permite al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura asumir su causa. Sabemos cómo empieza eso; no sabemos si alguna vez acaba.
La figura del aforamiento, que en otros países ha sido suprimida por resultar contraria al principio de igualdad ante la ley, en España por complicidad del PP y del PSOE se ha pervertido hasta lo grotesco. Hoy se ha convertido en una coartada judicial para políticos corruptos, una suerte de exilio jurídico sin necesidad de coger un avión. Resulta desquiciante escuchar ahora aquellas palabras de Pedro Sánchez asegurando que cuando llegara al poder “eliminaría el aforamiento porque significa la desigualdad ante la Ley”. La mentira y el cinismo es la radiografía de un partido político que amenaza con hundir la legitimidad de nuestro sistema. Es la prueba de que el poder ya no teme a la justicia, sino que la esquiva, un síntoma de que en España los escaños no se ganan en las urnas, sino en las oficinas del partido cuando hay que asegurase un futuro próspero con la tranquilidad del dinero público asegurado. La reacción del Gobierno ante la repulsa pública y de los medios informativos independientes ante este nuevo escándalo ha sido la consigna habitual; fango, cacería, extrema derecha, etc. Sánchez teme que el caso “Hermanísimo” le destroce su estrategia de distracción. Cierta clase política se refugia en el cinismo y el cinismo, como afirmaba Nietzsche, es “el perfume barato de las almas podridas”. Hay analistas que señalan lo que sería una operación hilvanada para ganar tiempo y que el presidente del gobierno no haya de ver a su hermano en el banquillo de los acusados. Gallardo seria la pieza de una operación que podría dilatar la causa penal de David Sánchez y forzar que esta causa llegue al tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de ser así, según opinan varios expertos, entre otros Jose Antonio Martin Pallín, Magistrado Emérito de Tribunal Supremo y Jesús Villegas Magistrado y presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial “se trataría de un fraude de Ley”, una clara manipulación de las reglas democráticas y una falta de respeto al resto de los ciudadanos y la Administración de Justicia. La actitud de quienes intervienen en esta nueva trama más propia de truhanes que de representantes del pueblo, ofrece una imagen lamentable ajena a los verdaderos intereses de los ciudadanos extremeños.
Si este país fuera una democracia sana ya se estarían conociendo dimisiones, ceses y explicaciones en el Congreso. Pero vivimos tiempos de degradación moral donde la corrupción se disimula con comunicados y las sospechas se neutralizan calificando de “ultraderecha” a quienes las denuncian. Se viene advirtiendo hace tiempo; no hay regeneración posible si la mentira y el blindaje judicial son herramientas perversas del poder. La escapada de Miguel Ángel Gallardo marca otro hito en el proceso de deconstrucción de nuestro orden constitucional. Es el reflejo de un régimen que ya no gobierna para los ciudadanos, sino para salvar a los suyos de la justicia. La izquierda, antaño defensora de la igualdad y de la gente llana frente a las élites, se ha convertido en el cortafuegos de sus propios privilegios. Y el PSOE ahora se muestra como una maquinaria de impunidad institucional que enrola diputados con la promesa de refugios judiciales a la medida. El espectáculo grotesco muestra a imputados políticos escapando en un burladero a la Justicia mientras ciudadanos honestos hacen cola en los juzgados.
Es posible que el diputado Gallardo se auto incluya como un perseguido político. La realidad es otra, es un imputado que huye del banquillo , un presunto delincuente que ha encontrado cobijo en el escaño. Y eso, en una democracia, se llama indignidad. Resulta bochornoso el silencio sumiso de los cinco diputados autonómicos; ¿fueron forzados o decidieron libremente renunciar a sus escaños para facilitar el acta de Gallardo a quien por turno no le correspondía?. Algunos insinúan que se trata de una operación de ingeniería institucional para aforar a Gallardo y salvar a David Sánchez de sentarse frente a un Juez de lo Penal de Badajoz.
Queda el retrato; Gallardo escenifica un político patético que huye despavorido de una presunta responsabilidad penal dando codazos a su propios compañeros, una vez asegurada la riñonera repleta de sueldos y prebendas. La hipocresía se hace palpable cuando este nuevo “Houdini de la Justicia” aseguró recientemente que “no saldría corriendo ante el posible señalamiento de juicio oral y por tanto que no recurriría al aforamiento”. Acaba de hacer exactamente lo contrario de lo dicho en aquella declaración pública. Una perversión del sistema indisociable a la colonización institucional en busca de la impunidad.
No cabe un retrato más preciso de la degradación de la política.
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