Mantener lo público

10 de marzo 2026 - 03:08

Hay lugares que no salen en las postales de una ciudad, pero sostienen su vida diaria. Un pabellón deportivo de barrio es uno de ellos. Ahí se aprende a jugar en equipo, se hace comunidad, se combate la soledad y, muchas veces, se encuentra un rato de respiro. Por eso duele tanto comprobar en qué punto se ha dejado el mantenimiento del Rafael Florido y el Jairo Ruiz, en Nueva Andalucía y Los Ángeles: como si pudieran esperar.

Y, sin embargo, no pueden.

La noticia de que la empresa que los ha venido gestionando, Supera, seguirá otros seis meses después de que se haya cumplido el contrato porque el Ayuntamiento, ahora sí, admite que las instalaciones tienen “muchas deficiencias” es un síntoma de la costumbre de mirar hacia otro lado hasta que el problema ya es imposible de esconder.

Porque lo verdaderamente inquietante no es que existan deficiencias; lo inquietante es que aparezcan ahora, justo cuando termina la concesión, como si hubieran brotado de la noche a la mañana.

Cualquiera que utilice estas instalaciones sabe que no es así. Las quejas de usuarios y clubes no nacieron ayer. Los pabellones no envejecen de golpe: se van apagando poco a poco cuando faltan revisiones, mantenimiento y cuidado.

No: lo que hay es mucho tiempo perdido.

En Los Ángeles, además, los usuarios están sin su piscina municipal desde marzo de 2022, una piscina que era utilizada por mayores que necesitan moverse y no pueden o por personas con lesiones que dependen del agua para rehabilitarse.

Ahora se nos dice que la concesionaria actual seguirá hasta que ejecute las mejoras exigidas. Y, mientras tanto, la nueva adjudicataria espera. El resultado es un “limbo” que siempre pagan los mismos: los vecinos.

Y lo peor es el silencio. En los barrios lo mínimo es hablar claro: explicar qué se va a hacer, cuándo, cómo y con qué garantías. Informar no es un favor; es una obligación.

Por eso, desde el PSOE lo decimos con claridad: hace falta un cambio de modelo. Avanzar hacia una gestión pública directa de las instalaciones deportivas municipales o, como mínimo, contratos con control real, auditorías periódicas y penalizaciones efectivas. Hay que garantizar que nadie vuelva a jugar con el tiempo y el dinero de los vecinos y vecinas de Almería.

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